Rafael Arráiz Lucca Venezuela: 1830 a nuestros días FRAGMENTO

  

DICTADURA DEL CORONEL MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ (1952-1958)

   

 Una vez perpetrado el golpe de Estado por parte de Pérez Jiménez —ya que desconocer la voluntad popular expresada el 30 de noviembre lo era—, la Asamblea Constituyente se instala el 9 de enero de 1953. De inmediato, ratifica la provisionalidad de la Presidencia de Pérez Jiménez y se enfrasca en la redacción del nuevo texto constitucional. El 15 de abril el Presidente Provisional firma el Ejecútese de la nueva carta magna y el 17 la Asamblea Constituyente designa a Pérez Jiménez Presidente Constitucional, para el período quinquenal que correría entre abril de 1953 y abril de 1958, con elecciones en diciembre de 1957.

    La Constitución Nacional de 1953

    En relación con el período presidencial la nueva carta magna mantuvo el quinquenio y el sistema electoral de la Constitución de 1947, pero en otros aspectos regresó a lo pautado por la Constitución de 1936, en particular en lo relativo a los derechos de los ciudadanos. Cambió la denominación de Estados Unidos de Venezuela por República de Venezuela, con lo que se reconocía que el federalismo venezolano de mediados del siglo  XIX no se había materializado. Concuerdan los constitucionalistas en que se trató de un texto diseñado para la dictadura militar que, sin embargo, recogió algunas de las pautas de la Constitución de 1947.

    Bajo el «Nuevo Ideal Nacional»

    Al no más iniciar formalmente su mandato, ya que de hecho venía gobernando desde hace años, Pérez Jiménez habló de «El Nuevo Ideal Nacional», suerte de espíritu programático que animaría a su gobierno, que colocaría especial énfasis en la «transformación del medio físico». Esto es: obras de infraestructura.

    Por otra parte, la persecución por parte de la Seguridad Nacional contra Acción Democrática recrudece notablemente. No solo es detenido Eligio Anzola Anzola, Secretario General de AD en la resistencia, sino que Alberto Carnevali muere en la cárcel en mayo, mientras Antonio Pinto Salinas es asesinado en junio. Quizás, debido al desconcierto de la población ante la política del terror, el gobierno decidió en enero de 1954 liberar a 400 presos políticos, dejándoles ir al exilio a la mayoría. Pero el hostigamiento no cesó, tampoco la censura severa. A don Mario Briceño Iragorry lo apalearon en Madrid, todo indica que en represalia por sus denuncias, con lo que la autocensura se instaló en la psique del venezolano. Para colmo, dentro del marco de la Guerra Fría, los Estados Unidos condecora en octubre de 1954 a Pérez Jiménez con la Legión del Mérito, entendiéndose que sus «méritos» se refieren a su anticomunismo militante. En perfecta sintonía con su proyecto político, el gobierno se retira de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1955, luego de fricciones naturales entre dos instancias de poder tan disímiles. Como vemos, en estos años las tensiones entre el gobierno y la oposición siguen creciendo, así como las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos en contra de los presos políticos. Las torturas que muchos dirigentes de la oposición padecieron están suficientemente documentadas como para que el tema no esté en discusión.

    El ingreso per cápita venezolano en 1956 llegó a estar entre los primeros del mundo. Los recursos provenientes de la explotación petrolera eran cuantiosos para una población que no llegaba a los siete millones de habitantes. Esta fue una de las causas por las que los flujos migratorios hacia Venezuela, después de la segunda Guerra Mundial, fuesen notables, en particular los provenientes de Portugal, España e Italia. Venezuela, más allá de la represión política, era una tierra de oportunidades para el extranjero que venía a reconstruir su vida, después de que sus países habían quedado devastados por la guerra. Este mismo año el gobierno otorga nuevas concesiones a las compañías petroleras, que presionaban para que ello ocurriese, haciendo grandes inversiones en la industria petrolera del país.

    Las elecciones de 1957

    El año comenzó con agitaciones, dado que sería electoral. El primer síntoma de que la dictadura no tenía a todos los factores de poder a su favor fue la Pastoral del Arzobispo de Caracas, monseñor Rafael Arias Blanco, el 1 de mayo. A ella la antecedían las reiteradas protestas estudiantiles durante los meses de febrero y marzo. La Pastoral de Arias Blanco se detiene en la reivindicación del movimiento obrero, de la necesidad de la sindicalización, muy a contracorriente de lo que pensaba la dictadura. De tal modo que el hecho fue interpretado como una delimitación franca entre el gobierno y la Iglesia Católica y, siendo esta la institución con más antigua tradición en el país, significó mucho para la disidencia, y para el gobierno mismo, al constatar que no contaba con el respaldo de la Iglesia. La Pastoral merece ser leída en su totalidad, ya que constituye una pieza doctrinal importante, además del significado político coyuntural que tuvo. Además del tema sindical, toca el de los altísimos ingresos per cápita del venezolano, pero la pésima distribución de la riqueza y las enormes desigualdades existentes hacían todavía más lacerantes las desigualdades. El punto es importante, ya que la deficiencia de ingresos

fiscales no fue lo que llevó a la dictadura a una crisis, como veremos luego, sino factores políticos, sumados a los sociales. Otro aspecto importante señalado por Arias Blanco es el tema del cambio poblacional súbito, en la relación de los habitantes en el campo y la ciudad, variando notablemente hacia esta última.

    Al mes siguiente, en junio, se constituyó la Junta Patriótica. Por iniciativa de tres dirigentes de URD, José Vicente Rangel, Fabricio Ojeda y Amílcar Gómez, se reúnen con Guillermo García Ponce, del PCV, para formar la agrupación que se propone luchar por un «gobierno democrático, mediante elecciones libres, y el logro de una amnistía general en el país». Luego, en agosto, se suman a la organización clandestina Moisés Gamero, por AD, y Enrique Aristeguieta Gramcko, por Copei. Meses después es sustituido Gamero por Silvestre Ortiz Bucarán. Desde el comienzo se valen de la publicación de boletines y manifiestos que van marcando la pauta de la resistencia al régimen. En ellos hicieron énfasis en la fractura interna en las Fuerzas Armadas en relación con el apoyo al régimen dictatorial. Esta separación entre Pérez Jiménez y los militares vino dándose marcadamente a partir de 1952, cuando el dictador comenzó a confiar particularmente en su jefe de policía, Pedro Estrada, y su ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla Planchart, ambos civiles, a quienes cierto estamento militar veía con recelo. Además, los jóvenes militares venían formándose sin la influencia de Pérez Jiménez y su generación, con lo que no podían señalarse vínculos particulares entre el Alto Mando Militar y la tropa. Como vemos, es casi una circunstancia de «manual de historia política» la de la relación estrecha que se da entre el jefe de policía y el tirano, que fundamenta parte sustancial de su apoyo en la represión y el espionaje. Esta relación fue determinante en las relaciones de poder de la dictadura perezjimenista.

    Hacia el 23 de enero de 1958

    En noviembre de 1957 anunció el gobierno que las elecciones tendrían lugar bajo la modalidad de un plebiscito, en el que los electores optarían por la continuación del gobierno de Pérez Jiménez o no. Por supuesto, el resultado de los comicios del 15 de diciembre fue abrumadoramente favorable a Pérez Jiménez, cosa que la resistencia denunció, de la manera que pudo en medio de la censura, como un fraude. El 21 de diciembre el Consejo Supremo Electoral proclama a Pérez Jiménez como Presidente de la República, y el 29 la Junta Patriótica llama a las Fuerzas Armadas a manifestarse a favor de la Constitución Nacional.

    El 1 de enero de 1958 se alza la Fuerza Aérea acantonada en Maracay, con el coronel Martín Parada a la cabeza, mientras el 7 los estudiantes manifiestan en contra del gobierno. Por su parte, Hugo Trejo venía, desde 1955, tejiendo una red de conjurados que llegaba a casi cuatrocientos oficiales en contra de la dictadura. Es hecho preso, y sofocada la rebelión maracayera. Sectores de la Armada se suman a la protesta. La crisis está en marcha. El Gabinete Ejecutivo renuncia el 9 de enero, y el 13 Pérez Jiménez asume personalmente el Ministerio de la Defensa. Un sector importante de las Fuerzas Armadas le impone condiciones al gobierno, entre otras la salida de funcionarios públicos a quienes consideran inconvenientes. Salen del gobierno, y del país, Laureano Vallenilla y Pedro Estrada. A partir del 10 de enero en las cárceles no hay sitio para más nadie.

    Los gremios profesionales, los intelectuales, y otros sectores de la vida nacional van manifestándose públicamente, reclamando el regreso de las formas democráticas de convivencia. El 21 de enero comienza una huelga de prensa y de inmediato una huelga general. El gobierno responde con un toque de queda. La crisis se precipita hacia su final. El 22, sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas se suman al clamor popular. Pérez Jiménez ha perdido todo apoyo, de modo que en la madrugada del 23 se dirige al aeropuerto de La Carlota, toma el avión que la conseja popular bautizó como «La vaca sagrada», y alza vuelo hacia Santo Domingo: allí lo recibiría el dictador Rafael Leonidas Trujillo.

    Antes de partir, los pocos militares fieles a Pérez Jiménez le manifiestan que ellos permanecerán al mando, a lo que el tachirense responde que nombren una Junta de Gobierno presidida por el oficial de mayor antigüedad y más alto rango: el contralmirante Wolfgang Larrazábal. Así fue.

UNA DEMOCRACIA PACTADA

    Los demócratas que reinician el camino perdido en 1948, lo hacen en 1958 sobre la base de la experiencia acumulada. Esta se expresó en la firma del Pacto de Puntofijo por parte de AD, Copei y URD, sobre la base de la necesidad de actuar de común acuerdo frente al factor que había demostrado no comulgar con el proyecto democrático: el militar. No se equivocaron los firmantes si tomamos en cuenta que intentonas de golpes hubo muchas hasta que el gobierno de Betancourt, en 1962, logró controlar las sediciones. De no haberse firmado el Pacto, la democracia hubiese sucumbido ante los embates del autoritarismo. Luego veremos cómo, una vez avanzado el proceso de profesionalización democrática del sector militar, la necesidad del Pacto quedó atrás, dejándole espacio al Bipartidismo.

    JUNTA DE GOBIERNO PRESIDIDA POR EL CONTRALMIRANTE WOLFGANG LARRAZÁBAL UGUETO (1958)

    Los primeros hechos conducen hacia una decisión equivocada: la Junta que se crea es militar, y está presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto, el coronel Carlos Luis Araque, el coronel Pedro José Quevedo y los coroneles Abel Romero Villate y Roberto Casanova. La designación de estos dos últimos motiva entre el 23 y el 24 de enero protestas callejeras, y enardecidas manifestaciones, ya que ambos estuvieron visiblemente ligados a la dictadura. Larrazábal escucha a la calle y el 24 cambia la composición de la Junta,

incorporando a dos civiles: Eugenio Mendoza Goiticoa y Blas Lamberti, pasando a llamarse Junta de Gobierno.

    Las puertas de las cárceles se abren y comienzan a llegar los presos políticos. Turbas enardecidas saquean las casas de Pérez Jiménez, Llovera Páez y Vallenilla Lanz. El número de muertos en las calles es difícil de precisar. La euforia es colectiva. Se vive una fiesta y un ajuste de cuentas, a la vez. Una multitud asalta el cuartel de la Seguridad Nacional: lo incendia y lincha a varios policías. Los que se salvaron del linchamiento son hechos presos en la Cárcel Modelo. La reacción de la población fue severísima en contra de la policía política, menos en contra de los funcionarios administrativos del régimen.

    La Junta de Gobierno conforma un gabinete ejecutivo mayoritariamente civil, mientras crea una comisión investigadora de la conducta de los funcionarios del régimen depuesto, que conduce a las confiscaciones de los bienes de Pérez Jiménez. Comienzan a llegar los líderes políticos que estaban en el exilio. Primero Jóvito Villalba, luego Gustavo Machado, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt. Los recibimientos son multitudinarios en todos los casos. En el país se respira un aire de esperanza por la democracia que se quiere construir. La Junta de Gobierno anuncia la inminente convocatoria de elecciones. En marzo se nombra la Comisión Redactora del Estatuto Electoral, integrada por representantes de todas las fuerzas políticas del país.

    Junto con este río, corría otro subterráneo. Me refiero a las pugnas internas en las Fuerzas Armadas. Unas liderizadas por el coronel Hugo Trejo, quien habiendo sido pionero en la insurrección, no obstante no integró la Junta de Gobierno, y otra del propio ministro de la Defensa, el general Jesús María Castro León, quien creyendo interpretar el sentimiento de las Fuerzas Armadas, abogaba por un deslinde absoluto entre los militares y el poder civil. El primero aceptó la Embajada de Venezuela en Costa Rica, pero el segundo continuó con su plan conspirativo, hasta que el 23 de julio estalla la crisis, cuando el Ministro de la Defensa entrega un pliego con las condiciones que solicitan cerca de un centenar de oficiales a la Junta de Gobierno. Se pide, otra vez, la eliminación de AD y el PCV, censura de prensa, el aplazamiento por tres años de las elecciones, y la formación de un nuevo gobierno tutelado, otra vez, por las Fuerzas Armadas. En otras palabras, casi la restitución de la dictadura. Los estudiantes responden en contra, los partidos políticos también. Comienzan las negociaciones. A Castro León le quedan dos alternativas: enfrentar sus fuerzas contra las del gobierno o dimitir, prefirió lo segundo, siendo expulsado del país el 24 de julio de 1958, junto con un contingente de oficiales que lo seguían en la aventura.

    Antes de estos hechos, en mayo, la visita al país del vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, produjo reacciones de protesta contundentes. La población no olvidaba que los Estados Unidos de Norteamérica había apoyado la dictadura de Pérez Jiménez, y ahora se lo hacía saber a Nixon. El automóvil que lo traía del aeropuerto tuvo que pasar en medio de una turbamulta que lo insultaba, corriendo un grave peligro su integridad física. Era evidente que la gente había perdido el miedo, y que de alguna manera se cobraba años de terror y desmanes. Finalmente, al día siguiente, Nixon pudo abandonar el país, no sin antes recibir las disculpas de la Junta de Gobierno en pleno, que fue a despedirlo al aeropuerto.

    Un nuevo alzamiento militar tendrá lugar el 7 de septiembre. Esta vez se levantaron en armas los tenientes coroneles Juan de Dios Moncada Vidal y José Ely Mendoza Méndez. Contaban con apoyo en la Guardia Nacional y en la Policía Militar, pero no fue suficiente el respaldo y la conjura pudo ser controlada. Algunos de los alzados buscaron refugio en embajadas y otros fueron hechos presos y sometidos a la justicia militar. Esta vez la Junta de Gobierno incrementó su severidad en contra de este tipo de manifestaciones inconstitucionales, buscando dar el ejemplo y señalar un camino.

    Pacto de Puntofijo, octubre de 1958

    Durante los primeros días de enero de 1958, cuando las posibilidades de caída de la dictadura perezjimenista se vislumbraban probables, se reunieron en Nueva York Rómulo Betancourt, Jóvito Villaba y Rafael Caldera con el objeto de dialogar en torno a los errores del pasado, y las posibilidades de no cometerlos en el futuro. Era evidente que si los partidos políticos representados por ellos no se ponían de acuerdo en torno a un programa mínimo, la supervivencia de cualquier ensayo democrático estaría comprometida por el factor militar. Los alzamientos de Castro León y Moneada Vidal vinieron a confirmar los fundados temores que los líderes civiles albergaban desde el exilio en Nueva York. Además de la amenaza militar latente, Betancourt había aprendido de los errores que trajo gobernar sectariamente, como lo hizo AD en el llamado trienio 1945-1948, y le proponía a los líderes de los otros partidos políticos diseñar un programa de gobierno común, e integrar un gobierno de coalición de las tres fuerzas políticas.

    Con miras al logro de este objetivo comenzaron las reuniones, ya en Caracas, entre miembros de las direcciones políticas de AD, Copei y URD. Primero se pulsó la posibilidad de presentarse con un candidato único, pero muy pronto se vio que esto no era posible, e incluso muchos pensaban que era inconveniente para el futuro desarrollo de un sistema de partidos políticos. Como las reuniones tenían lugar en la casa de Caldera, en Sabana Grande, los periodistas comenzaron a llamar al pacto que se configuraba aludiéndolo con el nombre de la quinta de la familia Caldera: Puntofijo, pero no como la ciudad falconiana, sino corrido, evocando la estabilidad familiar.

    El 31 de octubre de 1958 se firmó el Pacto de Puntofijo.

En la base del documento asentaron sus firmas Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios por AD; Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas por URD; Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández por Copei. Se comprometieron a respetar el resultado electoral fuese el que fuese, y a gobernar en conjunto, sobre la base del programa mínimo común suscrito y sin desmedro de las singularidades de cada uno de los partidos firmantes. El Pacto apuntaba hacia la creación de una democracia representativa, con un sistema de partidos políticos estable, y una especificidad profesional del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad.

    La discusión sobre la no participación del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el Pacto de Puntofijo es compleja y disímil. Algunos comunistas afirman que no fueron incluidos, que no fueron invitados, mientras las fuerzas integrantes del Pacto señalan que era difícil que un partido político integrante de la llamada órbita soviética formara parte de un acuerdo para instaurar una democracia representativa, sobre todo si en la URSS, y en todos los países aliados, regía un sistema de partido único, sin libertad de prensa, y sin libertades políticas y económicas. Es muy probable que las dos líneas argumentales sean ciertas, y de allí que el resultado final haya sido la exclusión de la izquierda prosoviética del acuerdo político. Esto, por otra parte, lo dijo expresamente durante la campaña electoral el candidato Betancourt, señalando que no gobernaría en alianza con los comunistas.

    Presidencia del doctor Edgar Sanabria (1958-1959)

    La popularidad que fue adquiriendo Wolfgang Larrazábal lo condujo a presentarse como candidato presidencial en las elecciones convocadas para el 7 de diciembre de 1958. Renunció a la Presidencia de la República el 14 de noviembre, después de haber presentado su opción el 25 de octubre. Le sucedió en la primera magistratura el profesor universitario Edgar Sanabria, quien condujo la República hasta el 13 de febrero de 1959, día en que le colocó la Banda Presidencial a Rómulo Betancourt. El doctor Sanabria venía de desempeñarse como Secretario de la Junta de Gobierno, de modo que conocía perfectamente la marcha del Estado en aquellos meses difíciles de 1958.

    Elecciones de 1958

    A lo largo del año fueron definiéndose las candidaturas presidenciales. AD se presentó con Rómulo Betancourt; Copei con Rafael Caldera, y URD y el PCV con Wolfgang Larrazábal. Betancourt obtuvo el 49,18 por ciento de los votos, Larrazábal el 34,59 por ciento y Caldera el 16,19 por ciento. AD obtenía el 49,45 por ciento de los votos, URD el 26,75 por ciento, Copei el 15,20 por ciento y el PCV el 6,23 por ciento, manteniéndose con muy pequeñas variaciones la relación entre los votos partidistas y los votos presidenciales.

    El mes de enero lo emplea el presidente electo para organizar su gabinete, bajo el difícil esquema del Pacto, lo que supuso una repartición equitativa de las carteras ministeriales entre los tres partidos firmantes. Además, le tocó recibir la visita de Fidel 

Castro que había entrado triunfante en La Habana, después de la huida del dictador Fulgencio Batista el 1 de enero. Vino en los días en que Venezuela celebraba el primer aniversario del 23 de enero de 1958, cuando el dictador venezolano alzó vuelo. La visita de Castro y la exclusión del PCV del Pacto de Puntofijo van a fijarle un camino a la izquierda en el futuro inmediato: la lucha armada que emprendió Castro en Cuba pasó a ser su inspiración, pero esto lo veremos en el próximo capítulo.

    PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE RÓMULO BETANCOURT (1959-1964)

    Rómulo Betancourt Bello asume la Presidencia de la República el 13 de febrero de 1959, habiendo sido electo en diciembre para gobernar durante el quinquenio 1959-1964. Antes de su asunción, el Congreso Nacional, presidido por Raúl Leoni, crea el 28 de enero la Comisión Especial encargada de redactar el proyecto de Constitución Nacional, que sería sometido a consideración de las cámaras legislativas.

    El gobierno de Betancourt se caracteriza por haber sobrevivido a los intentos de derrocarlo, tanto por parte de la derecha como de la izquierda, como veremos a lo largo de estas líneas. La estructuración del Gabinete Ejecutivo, de acuerdo con los firmantes del pacto de Punto-fijo, expresaba claramente el énfasis que AD colocaba en determinados aspectos de la vida nacional. El Ministerio de Relaciones Interiores lo desempeñaba Luis Augusto Dubuc, mientras otro integrante de AD, Juan Pablo Pérez Alfonzo, encabezaba el Ministerio de Minas e Hidrocarburos: ámbito neurálgico para el proyecto político de Betancourt. Por otra parte, la Secretaría de la Presidencia de la República la ejercía un hombre con amigos en todos los sectores: Ramón J. Velásquez, a quien Betancourt había escogido para tender puentes entre el sector de la vida nacional que lo enfrentaba y el gobierno que presidía.

    Este primer año de 1959 fue de reacomodos en diversos sectores de la vida nacional. Los empresarios, los obreros, los estudiantes, los militares y los partidos políticos iniciaban la aventura de una vida común. En particular, los partidos políticos vivían horas complejas. El PCV procesaba la exclusión del Pacto de Puntofijo y su actuación en la vida democrática. En AD la pugna interna por posiciones políticas enfrentadas estaba en pleno ascenso. La primera división de AD va a concretarse en 1960, cuando en julio un sector principal de la juventud se separe del partido y funde el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), con Domingo Alberto Rangel, Simón Sáez Mérida, Jorge Dáger, Moisés Moleiro, Gumersindo Rodríguez, Héctor Pérez Marcano y Américo Martín, entre otros, al frente de la nueva agrupación. Contemporáneamente con este proceso de división, el general Castro Léon, en alianza con Moncada Vidal, intentan de nuevo alcanzar el poder

por la vía de las armas. Esta vez se proponen tomar el cuartel de San Cristóbal, penetrando en Venezuela desde territorio colombiano, pero el intento fracasó.

    El 24 de junio el presidente Betancourt es víctima de un atentado en la avenida Los Proceres, cuando una bomba estalla muy cerca del vehículo que lo transportaba. Entonces falleció el jefe de la Casa Militar, el coronel Armas Pérez, mientras Betancourt sufrió quemaduras en las manos y la pérdida sensible de parte de la audición. El gobierno se esforzó en conseguir pruebas que apuntaban hacia el autor intelectual del atentado: el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, y lo acusó formalmente, instando a la OEA para que se pronunciara sobre el hecho.

    En agosto de este año de grandes convulsiones, en la reunión de la OEA en San José de Costa Rica, el canciller Ignacio Luis Arcaya, integrante de URD, se niega a firmar la Declaración de San José en la que se señalaba indirectamente a Cuba por alentar una estrategia de subversión continental. Marcos Falcón Briceño firma en nombre de Venezuela y Arcaya regresa intempestivamente. El primero es nombrado Canciller en sustitución del segundo, y el 17 de noviembre de 1960 URD abandona el gobierno, y se deshace la composición tripartita del Pacto de Puntofijo. En sentido estricto, hasta esta fecha tuvo vigencia el Pacto de tres, quedaban gobernando AD y Copei, aunque URD no pasó en su totalidad a una oposición beligerante.

    Fundación de la OPEP (1960)

    La política petrolera del gobierno se había expresado en abril cuando se creó la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), mientras se avanzaba en las conversaciones que concluyeron con la creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). En el origen de la creación de esta organización está la necesidad de concertar políticas los países exportadores, de manera de controlar cada vez más la industria petrolera, entonces en manos de empresas extranjeras en los países árabes y en Venezuela. El 14 de septiembre se crea la OPEP en Bagdad (Irak). El presidente de la delegación venezolana es el ministro de Minas e Hidrocarburos Juan Pablo Pérez Alfonzo. Iniciaba su trayectoria una organización de importancia planetaria en la que Venezuela no solo ha sido protagonista sino factor principal de su creación. Hasta el día de hoy, el control de los precios del petróleo de un porcentaje determinante de la producción mundial lo detenta esta organización. En el momento de creación de la OPEP los precios del crudo están en niveles bajos, y el gobierno de Venezuela se vio en la necesidad de decretar un control de cambios y la reducción de los sueldos de los funcionarios públicos. Estas medidas, por su parte, reforzaban la política de Industrialización por Sustitución de Importaciones que acogió con renovado entusiasmo el gobierno de Betancourt, ya que durante el primero (1945-1948) también se intentó un proceso de industrialización del país.

    La Constitución Nacional de 1961

    El 23 de enero de 1961 se promulga la nueva Constitución Nacional. Recoge muchas de las disposiciones y el espíritu de la de 1947. Proclama una Democracia Representativa, con períodos presidenciales quinquenales, por elección directa, universal y secreta, sin reelección inmediata, pero fijando esta posibilidad para diez años después del abandono del cargo. Esta disposición fue nefasta para la democracia venezolana, ya que los expresidentes no pasaban a retiro, sino que empezaban su campaña para el regreso al poder, impidiendo el relevo generacional y la renovación de la dirigencia de los partidos políticos. Por otra parte, la Constitución Nacional de 1961 será la de más larga duración de nuestra historia, siendo suplantada por la de 1999, después de 38 años de vigencia.

    Las sublevaciones no cesan, y el 20 de febrero el coronel Edito Ramírez se levanta con los suyos en la Academia Militar e intenta tomar el Palacio de Miraflores, cosa que no alcanzó a materializar. El 25 de junio se alza un conjunto de oficiales en Barcelona, pero a las pocas horas las fuerzas militares institucionales dominan la situación. Este hecho se denominó el «Barcelonazo». Por otra parte, el congreso del PCV decide enfrentar al gobierno por el camino de las armas, rechazando el rumbo electoral. Entonces comienzan a prepararse para la clandestinidad y la lucha armada. En julio el presidente Betancourt inaugura la nueva Ciudad Guayana, urbe compuesta por Puerto Ordaz y San Félix, diseñada con asistencia del MIT (Massachussets Institute of Technology), bajo modernas concepciones urbanísticas.

    En otro orden de hechos, las tensiones con Cuba llegan a tal límite que Venezuela rompe relaciones con la isla en noviembre. Esto se hizo en ejercicio de la llamada «Doctrina Betancourt», según la cual Venezuela no reconocía gobiernos que no hubiesen sido producto de elecciones democráticas, buscando con ello aislar a los gobiernos de facto , como el de Trujillo, y ahora el de Castro. Esta Doctrina, muy en boga y discutida en su tiempo, fue modificada por Venezuela con la llegada al gobierno de Rafael Caldera en 1969, ya que si bien tenía fundamentos, dado el alto número de dictaduras militares en el continente para la época, la que podía quedar aislada era Venezuela, y no al contrario, como se pretendía. A su vez, otro proceso de división se gesta en AD, y se manifiesta en diciembre cuando se escinde de nuevo el partido, y los disidentes crean AD-oposición con Raúl Ramos Giménez a la cabeza.

    Las evidencias de la participación de militantes del PCV y el MIR en la lucha armada conducen a que el gobierno prohíba las actividades de ambos partidos en el país. Dos nuevos hechos de fuerza van a tener lugar en mayo y junio. El primero es el llamado «Carupanazo», cuando la Infantería de Marina y la Guardia Nacional acantonados en la ciudad oriental se sublevan, pero el gobierno sofoca la

insurrección. Luego el 2 de junio se alza la Base Naval de Puerto Cabello, siendo esta conjura de mayores proporciones que la de Carúpano, y en consecuencia el enfrentamiento trajo cerca de cuatrocientos muertos y setecientos heridos.

    La violencia no cesa y 1963 se inicia con el asalto al Museo de Bellas Artes y el secuestro de obras de la Exposición Francesa. En febrero la FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional) secuestran el buque Anzoátegui y se lo llevan a Brasil. En septiembre ocurre el asalto al tren de El Encanto, hecho que produjo una estremecedora impresión en la opinión pública, ya que no respetaron vidas de civiles. El gobierno, en consecuencia, arreció la represión en contra de los diputados del MIR y el PCV, y los entregó a las órdenes de los tribunales militares. La izquierda, ante el proceso eleccionario que tendría lugar el 1 de diciembre, llama a la abstención, y decide intensificar el enfrentamiento armado en contra del orden establecido.

    El proceso de extradición en contra de Pérez Jiménez se materializa en agosto, cuando el exdictador es hecho preso por orden de un tribunal norteamericano en la Florida (USA), y es luego traído a Venezuela a cumplir condena por delitos de peculado, en la penitenciaría de San Juan de Los Morros. Fue sentenciado en 1968 a cuatro años de cárcel por los delitos que se le imputaban, pero ya para entonces había cumplido más de la condena, de modo que fue liberado y se mudó a España, donde vivió hasta la fecha de su muerte en el año 2001.

    Elecciones de 1963

    De cara a las elecciones de diciembre de 1963 la candidatura de Raúl Leoni se impuso fácilmente dentro de AD, gracias al apoyo del Buró Sindical del partido, por más que el propio Betancourt asomó otras candidaturas. Caldera concurría respaldado por su partido Copei, Villalba con URD, y la figura extra partidos de Arturo Uslar Pietri encabezaba un conjunto significativo de sectores empresariales, independientes de la política, y de lectores y televidentes, fruto de su intensa actividad intelectual. El conjunto electoral en 1963 se dividió en seis partes. Leoni ganó las elecciones con el 32,80 por ciento de los votos, de manera tal que AD redujo su caudal electoral en cerca de 16 por ciento, ya que Betancourt alcanzó 48,80 por ciento en 1958. Caldera obtuvo el 20,19 por ciento, Villalba el 17,50 por ciento, Uslar Pietri el 16,08 por ciento, Larrazábal el 9,43 por ciento y Ramos Giménez el 2,29 por ciento. Esta composición se reflejó en el Congreso Nacional, donde Leoni tuvo que buscar coaliciones para poder gobernar con eficacia, como veremos en el próximo capítulo.

    Es evidente que el gobierno de Betancourt enfrentó voluntades opuestas a la instauración del sistema democrático. Un sector de los militares intentó regresar a la situación anterior de preeminencia del estamento castrense; la izquierda optó por la guerrilla como forma de enfrentar al gobierno, y los partidos políticos democráticos, gracias al Pacto de Puntofijo, lograron sostener el sistema que se intentaba instaurar, y que era atacado por dos flancos distintos. La realidad demostró que los temores que condujeron a la firma del pacto de Puntofijo no eran infundados. Sin la solidaridad de las fuerzas políticas actuantes y firmantes, el gobierno de Betancourt probablemente se hubiese venido abajo, en medio del zumbido de las balas.

    PRESIDENCIA DEL DOCTOR RAÚL LEONI (1964-1969)

    El 11 de marzo de 1964 Raúl Leoni Otero prestó juramento como Presidente de la República ante el Congreso Nacional constituido para el período quinquenal 1964-1969. Integrante de la Generación de 1928, redactor del Plan de Barranquilla y fundador de AD, el abogado laboralista había obtenido la nominación de su partido en junio de 1963, con el respaldo mayoritario de la organización, y había ganado las elecciones de diciembre de 1963. Por segunda vez un militante de AD le entregaba el poder a otro, ya había pasado cuando Betancourt le entregó a Gallegos en 1948.

    Durante la presidencia de Betancourt su partido había sufrido dos divisiones, de manera tal que si bien es cierto que Leoni ganó las elecciones, también lo es que AD había disminuido su caudal electoral. También, dos años después de firmado el Pacto de Puntofijo, URD había salido del gobierno de Betancourt, de modo que la administración de Leoni no se iniciaba bajo el paraguas del Pacto, pero sí era necesario formar alianzas con otras fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, esto no se logró de inmediato, y el gobierno de Leoni comenzó integrado por militantes de AD e independientes. Luego, en noviembre de 1964, se llegó a la formación de la llamada «Amplia Base»: un gobierno de coalición formado por AD, URD y el nuevo partido FND (Frente Nacional Democrático), integrado por las fuerzas que apoyaron a Uslar Pietri y que seguían su liderazgo. Como vemos, Leoni no formó gobierno con Copei, sino con URD, que ponía como condición que los socialcristianos no estuvieran en el gobierno para ellos participar y, además, formó gobierno con fuerzas notablemente antagónicas a su partido, como eran las del uslarismo. De tal modo se hacía evidente que quería desarrollar un gobierno de entendimiento nacional, y llamaba a la izquierda a abandonar las armas y a integrarse a la vida política democrática y pacífica. Este empeño por congregar más que fraccionar signó todo el gobierno de Leoni, cosa que en materia económica trajo estupendos resultados, ya que la economía creció a un promedio de 6,5 por ciento por año durante su gobierno, y la explotación petrolera llegó al punto más alto de su historia, con 3 600 000 barriles diarios en el año 1968.

    La alianza política para la gobernabilidad experimentó su primera baja en marzo de 1966, cuando Uslar Pietri y su equipo salen del gobierno, alegando diferencias irreconciliables, mientras URD continuaría hasta abril de 1968,

acompañando al Presidente en casi todo el período. Como vemos, Leoni no gobernó bajo el esquema inicial del Pacto de Puntofijo, pero sí dentro del marco de un gobierno en alianza con otras fuerzas.

    A pesar de que la guerrilla arreció durante su gobierno, y que el terrorismo y los campamentos guerrilleros se incrementaron, el espíritu de su administración no fue pugnaz, y hubo un esfuerzo en materia de construcción notable. Se construyeron muchos kilómetros de carreteras, centenares de escuelas y liceos públicos, urbanizaciones de grandes dimensiones, y todo ello dentro de la filosofía propia de un abogado laboralista, acostumbrado a conciliar entre patrones y obreros, en este caso entre empresarios y fuerzas sindicales. Por su parte, la izquierda a partir de 1965, cuando el PCV decide modificar su estrategia guerrillera, se divide, ya que el comandante Douglas Bravo no acepta el repliegue y pasa a dirigir la FALN y el FLN (Frente de Liberación Nacional), mientras Gustavo Machado, Jesús Farías y su grupo inician un cambio de estrategia para el logro del poder. Bravo es expulsado del PCV, manifestándose así una diferencia sustancial entre el camino pacífico que escogía el PCV y el armado que continuaría con el apoyo de Fidel Castro desde Cuba. De hecho, un contingente de soldados cubanos y de guerrilleros venezolanos entrenados en la isla desembarcaron en las playas de Machurucuto en mayo de 1967, con el objeto de sumarse a los comandos guerrilleros establecidos en el cerro de El Bachiller. El dirigente venezolano Moisés Moleiro encabezaba el comando, y en él estaba el oficial Arnaldo Ochoa, quien llegó a ser años después el más exitoso general del Ejército cubano, jefe de las fuerzas destinadas a África, a quien la revolución cubana fusiló en 1989, mediante un juicio sumario.

    En materia internacional, el gobierno firmó en 1966 el Acuerdo de Ginebra, en el que se reconocía la reclamación venezolana sobre el territorio del Esequibo, con lo que se daba un paso importante en la reclamación y se creaba una comisión mixta para iniciar los procedimientos diplomáticos. Por su parte, el gobierno continuó invocando la Doctrina Betancourt en materia internacional. Hacia el final de su mandato, en enero de 1969, hubo una revuelta en el territorio en reclamación, se conoce como «La revuelta del Rupununi», y en ella Venezuela respaldó a los disidentes guyaneses, creándose no pocas suspicacias en cuanto a su posible participación en los hechos, desde el comienzo de los mismos.

    La tercera división de AD

    El año 1967 no solo trajo una ingrata sorpresa, el terremoto de Caracas el 29 de julio, sino que fue el año del Cuatricentenario de la fundación de la ciudad, de tal modo que el regalo de la naturaleza no fue el más deseado. Con motivo de los cuatrocientos años de fundada por Diego de Losada, la urbe fue objeto de celebraciones, programas editoriales y exposiciones. Por otra parte, corría en AD un río de aguas amargas. Las futuras elecciones de 1968 colocaban al partido a decidir entre dos precandidatos: Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios. Por un desacato de Prieto de una decisión del partido en materia de elecciones internas, el líder fue suspendido de su militancia, con lo que quedaba fuera de la organización. En el fondo, lo que ocurría era que un sector de AD no quería ir a elecciones con Prieto, y prefería la división del partido, cosa que finalmente ocurrió el 10 de diciembre de 1967, cuando Prieto y Jesús Ángel Paz Galárraga fundan el MEP (Movimiento Electoral del Pueblo). La tercera división de AD era un hecho. Esta vez, como veremos, la división condujo a esta organización a su primera derrota electoral.

    Las elecciones de 1968

    La candidatura de Rafael Caldera por parte de Copei no presentó ninguna dificultad interna; la de Gonzalo Barrios una vez ido Prieto tampoco; la de Prieto al frente del MEP fue unánime; donde sí hubo varios nombres sobre la mesa fue en el llamado Frente de la Victoria, integrado por el uslarismo (FND), los seguidores de Larrazábal (FDP), el partido de Villalba (URD) y fuerzas de izquierda significativas, entre las que destacaba la del propietario del diario El Nacional , Miguel Otero Silva. El primer nombre que se contempló fue el de Ramón J. Velásquez, pero halló resistencias, hasta que surgió y se impuso el del entonces embajador de Venezuela en Londres, el diplomático y político Miguel Ángel Burelli Rivas.

    El cuadro electoral se complejizó y, aprovechando la división de AD, Caldera finalmente alcanzó la Presidencia de la República por estrecho margen. Obtuvo el 29,13 por ciento de los votos, mientras Gonzalo Barrios el 28,24 por ciento, con apenas treinta mil sufragios de diferencia. Burelli alcanzó el 22,22 por ciento, mientras Prieto obtuvo el 19,34 por ciento. En el Congreso Nacional la composición fue todavía más compleja, ya que los seguidores de Marcos Pérez Jiménez habían formado un partido político, la Cruzada Cívica Nacionalista (CCN) y alcanzaron el 10,94 por ciento de los votos en el parlamento.

    Los días posteriores a las elecciones fueron de grandes tensiones, dado el estrecho margen de diferencia, pero el presidente Leoni señaló que así Caldera le ganase a Barrios por un voto, él le entregaba la Presidencia al ganador, haciéndole honor al proyecto para el que había consagrado su vida: la democracia. Concluía el gobierno de Leoni y por primera vez en nuestra historia, un presidente que había sido electo encabezando un partido (AD) le entregaba a otro que encabezaba a uno distinto (Copei). Dada la tradición nacional, el hecho fue verdaderamente histórico. Por otra parte, el movimiento guerrillero había sido duramente golpeado por el Ejército Nacional, llevándolo incluso al borde de la rendición o de una negociación, cosa que ocurrió, como veremos, en el gobierno siguiente.

    PRESIDENCIA DEL DOCTOR RAFAEL CALDERA (1969-1974)

    Por primera vez en nuestra historia republicana del siglo  XX el Presidente en ejercicio le entregaba el mando a otro electo, de un partido distinto. El hecho fue un ejemplo paradigmático de democracia. Rafael Caldera sumaba entonces cincuenta y tres años y toda una vida consagrada a la vida pública, en la que se contaban ya tres intentos por llegar a la primera magistratura por la vía electoral (1947,1958, 1963), de modo que en la cuarta oportunidad llegó la victoria.

    El primer dato de significación del gobierno de Caldera es el de haber gobernado sin alianzas políticas. Adelantó un gobierno monopartidista, con los integrantes de Copei y alguno que otro independiente simpatizante de su causa o de su persona. Esta decisión de gobernar en soledad expresaba que la institucionalidad democrática había superado las amenazas militares tanto de la derecha como de la izquierda, lo que hacía innecesaria la continuación de las alianzas que sustituyeron al inicial Pacto de Puntofijo. Por otra parte, habiendo obtenido Copei el 24,04 por ciento de los votos en el Congreso, se hacía indispensable un acuerdo para la conformación de las directivas de la Cámara de Senadores y la de Diputados. Después de infinidad de negociaciones, Copei logró la Presidencia del Congreso (José Antonio Pérez Díaz) en alianza con el MEP y FDP (Prieto y Larrazábal), quedando fuera del acuerdo AD, partido que conservaba la más alta votación para el parlamento: 25,57 por ciento de los sufragios.

    El cuadro político después de las elecciones se recompuso a la luz de los resultados. Las fuerzas que en 1963 respaldaron a Uslar Pietri, Larrazábal y Villalba decrecieron notablemente, absorbiendo estos votos Copei y la Cruzada Cívica Nacionalista de Pérez Jiménez, mientras AD también bajaba su votación, producto de su tercera división. El resultado electoral condujo a Rómulo Betancourt a afirmar a la salida de una reunión de su partido que: «En Venezuela solo hay dos partidos: AD y Copei», con lo que el camino del bipartidismo comenzó a asfaltarse. De hecho, en marzo de 1970 se materializó un acuerdo entre ambos partidos para la composición de las Cámaras Legislativas. El acuerdo, además, suponía una colaboración entre ambos para la aprobación de determinados proyectos de leyes presentados al Congreso Nacional para su consideración. Como vemos, se colocaba un ladrillo más en la construcción de la casa del bipartidismo, que ya veremos como se expresará plenamente en los resultados electorales de 1973, cuando los candidatos de AD y Copei obtengan el 85 por ciento de los votos.

    La política de pacificación

    La primera expresión de la política de pacificación del país que se proponía el gobierno fue la legalización del PCV, que venía funcionando bajo la denominación de UPA (Unión para Avanzar), y luego, ya en 1973, se legalizó el MIR; ambas agrupaciones habían sido ilegalizadas en 1962, cuando la arremetida de la lucha armada guerrillera condujo a estas decisiones de la administración Betancourt. El objetivo que perseguía Caldera era conseguir que los guerrilleros se incorporaran a la vida democrática y pacífica, que abandonaran las armas, a cambio el gobierno se comprometía a indultar a los imputados, concibiendo sus delitos como políticos y no civiles. La mayoría de los comandantes guerrilleros se acogió a la pacificación, otros tardaron en hacerlo, pero años después también se integraron a la lucha democrática. Esta política fue tan exitosa que produjo discusiones profundas en el seno de la izquierda, y trajo como consecuencia el nacimiento del MAS.

    El nacimiento del MAS

    La asunción de la pacificación coincidió con la aparición de dos libros de Teodoro Petkoff que avivaron la discusión dentro del PCV, me refiero a Checoeslovaquia, el socialismo como problema y ¿Socialismo para Venezuela? El resultado fue la expulsión de Petkoff del partido y el proceso de deslinde que condujo a la creación del MAS (Movimiento al Socialismo) en enero de 1971. Desde entonces, este sector de la izquierda asumió la democracia como sistema político, e intentaron hacerlo compatible con las tesis económicas del socialismo. En el fondo, la verdad es que siempre fue difícil hacer el deslinde filosófico entre estas tesis y las de la socialdemocracia venezolana, que encarnaba en AD. En cualquier caso, el hecho fue sumamente importante porque incorporó a la izquierda, modernizándola, al sistema democrático. El PCV continuó su camino conservando sus filiaciones con la Unión Soviética, las mismas que para Petkoff y sus compañeros eran imposibles de mantener, dado su rechazo contundente de las prácticas stalinistas.

    La crisis universitaria

    Junto con los cambios que se venían dando en diversas universidades del mundo (París, Berkeley, entre otras), en sintonía con las transformaciones sociales de la juventud (el amor libre, el hippismo, la música de los Beatles , el descubrimiento de oriente, la guerra de Vietnam, el consumo de marihuana), la universidad venezolana entró en un proceso de renovación interno, que coincidió con la reforma a la Ley de Universidades que introdujo el gobierno. Buena parte del sector universitario consideró que la reforma resentía el principio de Autonomía Universitaria, consagrado en diciembre de 1958, cuando gobernaba interinamente la República el profesor Edgar Sanabria, y no acogió el llamado del Consejo Nacional de Universidades Provisorio que establecía la Ley. En particular Jesús María Bianco, rector de la Universidad Central de Venezuela, fue destituido por el CNUP en razón de que se negaba a asistir a este organismo recién creado. Entonces estalló la crisis que se venía gestando, y el gobierno intervino a la UCV, nombrando unas autoridades interinas en enero de 1971 (rector: Rafael-Clemente Arráiz; vicerrector académico: Oswaldo De Sola; secretario: Eduardo Vásquez), y cambiando al Rector en marzo, por renuncia

del profesor Arráiz, quien se negaba a mantener la universidad cerrada y se proponía convocar de inmediato a elecciones dentro del claustro, proyecto con el que el gobierno no estaba de acuerdo. Fue nombrado De Sola. Pasaron meses antes de que se normalizaran las actividades de la UCV, mientras las protestas estudiantiles se extendieron a otras universidades y a muchos liceos del país. El gobierno tuvo que lidiar con protestas universitarias de diversa índole, tanto estudiantiles, profesorales, como de empleados administrativos. No pocos estudiantes se fueron a estudiar a otros países, mientras no se tomaba la decisión de convocar a elecciones y retomar el ritmo institucional de la UCV.

    La enmienda constitucional

    La votación alcanzada por la Cruzada Cívica Nacionalista, en las elecciones de 1968, era motivo de preocupación para las fuerzas democráticas. Primero la Corte Suprema de Justicia había declarado nula la elección de Pérez Jiménez como Senador en 1968, y ahora AD y Copei sumaban sus votos para aprobar la primera enmienda a la Constitución Nacional de 1961. Las encuestas señalaban que de presentarse Pérez Jiménez como candidato a la Presidencia de la República en 1973, la suma de sus votos sería considerable, por lo que la urgencia de la enmienda se hizo perentoria. En octubre de 1972 se presentó el texto de la Enmienda al Congreso Nacional, y en julio de 1973, después de que Pérez Jiménez había sido lanzado como candidato presidencial en abril, el Consejo Supremo Electoral declaró en junio nula su candidatura, con fundamento en la Enmienda que había llenado los requisitos legales en mayo, cuando ya las Asambleas Legislativas de los estados la habían aprobado.

    Por otra parte, el cuadro electoral se atomizaba en cuanto al número de candidatos, ya que llegaba a doce, pero la polarización bipartidista comenzó a reflejarse como nunca antes había ocurrido entre nosotros. Puede decirse que el Bipartidismo como fenómeno comenzó en estas elecciones de 1973, cuando entre el vencedor Carlos Andrés Pérez (AD) y Lorenzo Fernández (Copei) se llevaron el 85 por ciento de los votos, mientras Jesús Angel Paz Galárraga (MEP) obtenía 5,07 por ciento, José Vicente Rangel (MAS) 4,26 por ciento, Jóvito Villalba (URD) 3,07 por ciento, y de los otros candidatos ninguno alcanzó más del 1 por ciento de los sufragios, los enumero en orden de llegada: Miguel Ángel Burelli Rivas, Pedro Tinoco, Martín García Villasmil, Germán Borregales, Pedro Segnini La Cruz, Raimundo Verde Rojas y Alberto Solano.

    Por lo menos en tres sentidos el gobierno de Caldera fue de transición. El primero en cuanto al paso hacia el Bipartidismo, que imperaría en Venezuela hasta las elecciones de 1993; y el segundo en cuanto a los precios del petróleo, que pasaron a finales de 1973 de un promedio de 3,75 $ por barril a la astronómica cifra de 10,53 $ por barril, impulsados por la crisis del Medio Oriente (la Guerra del Yom Kippur) y otros factores. Comenzaba el boom petrolero, que le tocaría administrarlo a Carlos Andrés Pérez. La tercera condición transicional de este gobierno estriba en que la deuda externa venezolana era insignificante, y comenzó a crecer durante el gobierno de Pérez, continuó creciendo durante el de Herrera Campíns, y se detuvo cuando ya constituía un problema gravísimo para el país, en 1983. Esta paradoja no es fácil de comprender: cuando los ingresos petroleros venezolanos fueron más altos, surgió la deuda externa. Veremos.

LOS AÑOS DEL BIPARTIDISMO (1973-1993)

    Este período que abarca veinte años de la vida nacional estuvo signado por la conformación natural de un sistema donde predominaron dos partidos políticos y una alternancia en el poder. Funcionó la tendencia a la polarización, por la llamada «economía del voto», y desaparecieron los llamados «fenómenos electorales». Este cuadro tuvo lugar dentro de un entorno contradictorio, signado por Las variaciones de los precios del petróleo: muy altos entre 1973 y 1982, y bajos entre 1983 y 1993, manifestándose en la segunda etapa la irrupción de una realidad económica dramática. La crisis de la deuda externa, la devaluación del signo monetario, la inflación, la fuga de capitales, el control de cambios comenzaron a ser situaciones comunes, antes desconocidas para los venezolanos. Además, de la agenda pública se adueñó el tema de la corrupción, convirtiéndose en el asunto de mayor importancia para el debate político. Estos veinte años, a su vez, son los de apogeo del Bipartidismo y los de la gestación de la crisis del sistema de partidos políticos, y el futuro surgimiento de «la antipolítica», del militarismo mesiánico, y el rechazo a las instituciones partidistas.

    PRIMERA PRESIDENCIA DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ (1974-1979)

    Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones de 1973 con el 48,70 por ciento de los votos, también AD recuperó notablemente su caudal electoral, pasando de 25,57 por ciento en 1968 a 44,44 por ciento de los sufragios en 1973. Este ascenso trajo como consecuencia que Pérez pudiera comenzar su gobierno el 12 de marzo de 1974 con gran apoyo popular, con definitivo respaldo en el Congreso Nacional, y con el impulso que traía de la campaña electoral, que se articuló sobre la base de un lema oportuno: «Democracia con energía». Esta consigna respondía a estudios de mercado electoral, que indicaban que los votantes le reclamaban a la democracia su incapacidad para tomar decisiones, mientras añoraban la dictadura militar que las tomaba en exceso. Puede afirmarse que la campaña electoral de 1973 fue la primera que utilizó métodos modernos de mercadeo político, y logró convertir a un candidato que se le asociaba con la represión, dada su participación como vice ministro de Relaciones Interiores durante el quinquenio 1959-1964, en un hombre abierto a las grandes mayorías.

    Pérez solicitó al Congreso Nacional en los primeros meses de 1974

«poderes extraordinarios» para gobernar por decretos y leyes, en materia económica y financiera durante un año, y el parlamento le concedió la «Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera». Esta concesión no solo convertía al gobierno de Pérez en uno de los más poderosos de nuestra historia, hasta aquella fecha, sino que despertó muchas críticas de juristas que consideraban que el Poder Legislativo había claudicado sus atribuciones en el Poder Ejecutivo. En todo caso, el gobierno comenzó a hacer uso de estos poderes y a administrar el alza inusitada de los precios del petróleo y, aunque Pérez manifestó que iba a «administrar la riqueza con criterio de escasez», la verdad es que no fue eso lo que se vivió en Venezuela.

    La nacionalización del hierro (1975) y la del petróleo (1976)

    El 1 de enero de 1975 se nacionalizó la industria de la explotación del mineral de hierro con un acto en Puerto Ordaz. Concluía un proceso que se había iniciado en mayo de 1974, mediante el cual las concesiones que detentaban las empresas extranjeras expiraron el 31 de diciembre de ese año. En paralelo, el gobierno fue adelantando la nacionalización de la industria petrolera que, dada sus dimensiones, presentaba mayores desafíos para el Estado. Se adelantó exitosamente, y el 1 de enero de 1976 la industria petrolera pasó a manos de la República, para tal fin se creó la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), como empresa holding de las operadoras que sustituían a las empresas extranjeras.

    Buena parte del año 1975 la agenda pública estuvo tomada por la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de Ley de la Nacionalización Petrolera. En particular se discutía el artículo 5 que le permitía al Estado adelantar asociaciones estratégicas puntuales con empresas extranjeras, en determinado aspecto de la industria petrolera. Los críticos del proyecto de Ley consideraron que esto le abría una posibilidad tan grande a las empresas extranjeras que desvirtuaba la nacionalización misma, de allí que comenzaron a llamarla «nacionalización chucuta» para señalar su insuficiencia. En el debate intervinieron muchos oradores, incluso ofrecieron discursos los expresidentes Betancourt y Caldera, y el primero leyó un texto que ha quedado como una suerte de resumen de lo que Venezuela hizo con su principal industria desde 1936 y hasta el año de 1975. Finalmente, con los votos de AD, la Ley se aprobó y la industria petrolera pasó a ser gerenciada por venezolanos.

    El Estado empresario

    El crecimiento de los precios del petróleo venezolano en los mercados internacionales había sido constante. El precio promedio de 1973 fue de 3,71 $ por barril, en 1974 pasó a 10,53 $ y siguió ascendiendo hasta 12,04 $ en 1978. De tal modo que una economía que venía funcionando con precios estables, alrededor de 2,50 $ por barril desde 1950, comenzó a experimentar una abundancia de recursos económicos que el gobierno intentó sembrar de alguna manera. Se crearon muchas instituciones en el área cultural (Biblioteca Ayacucho, Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Galería de Arte Nacional, Fundarte, Rajatabla), se dio inicio al Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, para que estudiantes venezolanos cursaran estudios en universidades del exterior y, también, el Estado comenzó a desempeñar tareas de empresario.

    Durante el primer gobierno de Betancourt se creó la CVF, como vimos antes, para que el Estado prestara labores de fomento de la industria privada nacional, y ahora no solo se mantenía y se incrementaba el sistema crediticio del Estado para con los empresarios nacionales, sino que el mismo Estado creaba empresas públicas, en particular en áreas consideradas estratégicas o de las llamadas «industrias pesadas». Todo esto se adelantaba dentro del marco de una política pública continental, la de Industrialización por Sustitución de Importaciones y, en el caso específico venezolano, dentro del V Plan de la Nación, diseñado por Cordiplan, y conocido como el plan de «La Gran Venezuela».

    El modelo económico establecido en Venezuela, fundado en el proyecto de sustituir importaciones por producción nacional, se apoyaba en políticas arancelarias que tendían a gravar al producto importado, en defensa del nacional, y todo ello dentro de un sistema de control de precios fijados por el gobierno. Este modelo que venía funcionando desde finales de la década de los años cuarenta, se vio repotenciado por el incremento de los precios del petróleo, cuando no solo hubo recursos para prestarlos a empresarios privados, sino que el Estado mismo se dedicó a la creación de empresas. Con tales niveles de ingresos en el Fisco Nacional, y gozando todas estas empresas estatales de autonomía administrativa, muchas de ellas pidieron préstamos para su crecimiento, y los obtenían con facilidad por parte de la banca internacional, ya que el respaldo de Venezuela era suficiente por sus ingresos petroleros. Ya para finales del gobierno de Pérez, algunos economistas señalaron que el nivel de la deuda pública era muy alto, pero la crisis, como veremos, se presentó luego, en 1983.

    El tema de la corrupción en la agenda pública

    Como se desprende de lo dicho, podemos observar cómo los recursos que el Estado recibía se tradujeron en su propio crecimiento, pasando a desempeñar tareas que antes no había desarrollado, con lo que el tamaño del Estado, y su presencia en la vida pública, se hizo cada día más grande. Además, como era de esperarse, al circular tal cantidad de recursos en la economía nacional, pues la tentación de la corrupción se hizo presente, y este tema fue tomando espacio en la agenda pública. No solo por parte de los partidos de oposición al gobierno, sino por uno de los precandidatos presidenciales del partido de

gobierno: Luis Piñerúa Ordaz. Esto, por sí solo, habla de la dimensión a la que había llegado el problema y señala, además, otro asunto. Me refiero al hecho según el cual Pérez gobernó en permanente comunicación con su partido, pero en AD muchos se resentían porque los funcionarios más destacados del gobierno no formaban parte de sus filas. Era el caso de Gumersindo Rodríguez, jefe de Cordiplan y redactor del V Plan de la Nación junto con el economista y músico José Antonio Abreu, entonces funcionario de Cordiplan; el de Carmelo Lauría, expresidente del Banco de Venezuela, que se desempeñó primero como ministro de Fomento y luego como ministro de Estado para las Industrias Básicas; el de Diego Arria, gobernador del Distrito Federal y presidente del Centro Simón Bolívar, todos ellos ajenos a AD e, incluso, en el caso de Rodríguez, expulsado del partido cuando la escisión del MIR. Quizás estas diferencias contribuyeron con la decisión de Piñerúa Ordaz de criticar desde AD la corrupción en el gobierno: caso extraño para la Venezuela de entonces, pero explicable desde esta perspectiva.

    El cuadro electoral

    No obstante y esta campaña acerca de la corrupción administrativa, para la que se contaba con indicios fundamentados, la popularidad de Pérez no bajó sustancialmente durante su mandato. Por el contrario, su carisma fue creciendo y acercándose a niveles de aceptación casi legendaria. En cuanto al cuadro electoral que se avecinaba, el candidato que había escogido AD, Luis Piñerúa Ordaz, no formaba parte de los allegados a Pérez y, como vimos, buscaba desmarcarse del gobierno criticando la corrupción administrativa. Lo mismo hacía el candidato de Copei, Luis Herrera Campíns, con quien las encuestas señalaban que polarizaba Piñerúa. Al final, Herrera obtuvo una diferencia pequeña, ganando las elecciones con el 46,64 por ciento de los votos, mientras Piñerúa Ordaz obtenía el 43,41 por ciento, alcanzando entre ambos el 90 por ciento de los votos, 5 por ciento más que en la escena bipartidista de la elección anterior. Quien parecía destinado a ser un fenómeno electoral, Diego Arria, que dada su popularidad se había separado del gobierno y buscaba la presidencia, obtuvo el 1,68 por ciento de los sufragios, por debajo de José Vicente Rangel y el MAS, quien alcanzó el 5,17 por ciento, presentando un ínfimo crecimiento en relación con la elección anterior.

    Concluía el primer gobierno de Pérez, y la verdad es que su permanente viajar por el mundo, acudiendo a foros internacionales, lo erigió como un líder latinoamericano importante, sobre todo del conjunto que geopolíticamente se identificaba como el Tercer Mundo. Pérez contribuyó decididamente con procesos democráticos en diversos países, y buscó entonar una voz propia en los escenarios internacionales, una voz que en el contexto de la Guerra Fría representaba a los No Alineados: ni con un polo ni con el otro. Su visibilidad internacional se hizo clara en estos cinco años de gobierno, sobre todo desde la tribuna de la Internacional Socialista, a la que pertenecía su partido, y de la que luego llegó a ser Vicepresidente. Una vez abandonado el cargo, a los analistas políticos les quedó claro que era muy probable que Pérez aspirara de nuevo diez años después, como lo pautaba la Constitución Nacional de 1961. Así fue.

    No cabe duda de que el país cambió en muchos órdenes durante su primer mandato. Quizás el más señalado con el paso del tiempo sea el del tamaño del Estado y las esferas de influencia de la acción estatal, siempre dentro de la órbita de asignarle mayor protagonismo dentro de la vida nacional, no solo como actor político sino como factor económico principal. También, hay que decirlo, el país se aceleró: pasó de un ritmo presupuestario sosegado a otro, prácticamente vertiginoso, y las consecuencias de este impulso, dado por los precios del petróleo y la personalidad de Pérez, todavía se discute si fue conveniente o no. En cualquier caso, a la luz de los hechos posteriores, todo el proyecto de endeudamiento público fue desastroso para la economía del país, pero hay que señalar que cuando se cuenta con altos ingresos, son pocos los que piensan en qué ocurrirá cuando no se disponga de ellos. En cuanto al trasfondo político de su gobierno, salvo que no escogió a los más conspicuos dirigentes de su partido para todos los cargos de significación, cumplió con las líneas trazadas por AD desde su fundación, y le tocó cumplir uno de los mayores sueños de su partido: la nacionalización de la industria petrolera.

    También, el mandato de Pérez marcó el distanciamiento de su mentor político: Rómulo Betancourt, quien consideró probables las hipótesis de corrupción del gobierno del tachirense, y se empeñó dentro de su partido en una cruzada de saneamiento administrativo, encabezada por el candidato presidencial que Betancourt había respaldado internamente: Piñerúa Ordaz. Este distanciamiento entre Pérez y Betancourt trajo hondas consecuencias dentro del partido. Además del tema de la corrupción administrativa, es cierto que Betancourt no se sentía cercano al equipo gubernamental que Pérez había escogido para la tarea, pero Pérez ya tenía fuerza propia como para imponer su voluntad. La tensa situación dentro de AD entre Betancourt y Pérez se prolongó después del gobierno durante dos años más, hasta que la muerte le salió al paso al fundador del partido, en 1981.

    PRESIDENCIA DEL DOCTOR LUIS HERRERA CAMPÍNS (1979-1984)

    Luis Herrera Campíns asume la Presidencia de la República el 12 de marzo de 1979, y de inmediato conforma un Gabinete Ejecutivo en el que la mayoría de sus integrantes provienen de la región centro-occidental del país. Siendo Herrera uno de los fundadores de Copei, desde el comienzo de su vida pública logró aglutinar en torno suyo un conjunto de compañeros de visión política, en su

mayoría provenientes de su estado natal, Portuguesa, y de los vecinos Lara y Barinas. Este dato es significativo, porque desde los tiempos de la hegemonía tachirense (1899-1945), en ningún gobierno se había notado un sesgo regional como en este de Herrera Campíns que se inauguraba. Además, se trataba del primer dirigente de Copei que alcanzaba el poder sin pertenecer a la corriente de allegados a su líder fundador: Rafael Caldera. En la matriz de opinión del venezolano, Herrera se ubicaba a la izquierda de Caldera, y se le entroncaba con tradiciones venezolanas más ligadas con el campo y el interior del país, que con la capital y sus prácticas palaciegas.

    En el discurso de asunción de la Presidencia de la República Herrera manifestó que «Recibo un país hipotecado», aludiendo a la deuda pública contraída por el gobierno de Pérez. Entonces los venezolanos creyeron que comenzaba un gobierno austero, de prácticas más domésticas y menos internacionales, guiado por la doctrina de la democracia cristiana, pero los hechos al final de su mandato señalan otro resultado, como veremos luego.

    En junio de 1979 tuvieron lugar las elecciones municipales, con la particularidad de que fueron las primeras en mucho tiempo que se realizaban separadas de las presidenciales y, aunque la abstención fue alta, el resultado favoreció enormemente al partido de gobierno. Copei alcanzó el 49,04 por ciento de los votos, mientras AD el 30,17 por ciento, y la suma de todos los partidos de izquierda (MAS, MIR, MEP, PCV) alcanzó la cifra del 15,26 por ciento de los votos, constituyéndose en la más alta de su historia. La abstención entonces llegó al 27,01 por ciento, lo que pudo haberse interpretado como un primer llamado de atención a los partidos políticos, en cuanto al respaldo que como instituciones estaban dejando de recibir, por casi el 30 por ciento del electorado.

    El caso Sierra Nevada

    Las diferencias de estilo entre Herrera y Pérez significó una suerte de cambio de ritmo para el país, pero en relación con las políticas públicas de fondo, continuó el esquema del Estado empresario, y el avance del Estado como actor y factor principal de la economía. El énfasis del gobierno estaba colocado en aspectos educativos y culturales, y en seguir avanzando como fuerza política que perseguía desplazar a su adversario principal: AD. Quizás inspirado por este proyecto fue hecha la denuncia, por parte de Leopoldo Díaz Bruzual, alto funcionario del gobierno, sobre el buque Sierra Nevada. La denuncia implicaba a un ex ministro de Fomento de Pérez, al ex presidente de la Corporación Venezolana de Fomento, y la acusación versaba sobre un sobreprecio en la compra del Duque. Por esta vía se pretendía imputar a Pérez. El debate público terminó decidiéndose en el Congreso Nacional en votación del 8 de mayo de 1980. Las Cámaras determinaron que sobre Pérez pesaba responsabilidad política, más no administrativa y moral. Antes, la Comisión de Ética de AD había sancionado a Pérez y a los dos funcionarios administrativamente, con lo que su partido había llegado más lejos que el parlamento.

    El caso fue muy importante porque lo que se jugaba de fondo era el futuro político de Pérez, y la posibilidad real de que la corrupción administrativa se sancionara, tema que había tomado la agenda pública de manera abrumadora. Finalmente, algunos diputados independientes electos en planchas de Copei, AD, el voto de José Vicente Rangel y algunos votos del MIR, sumaron más que los votos de Copei y el MAS. Pérez se había salvado de una condena administrativa del Congreso Nacional. Entonces se dijo que muchos de los votos a favor de Pérez se habían producido porque no querían respaldar el empeño de Betancourt y Caldera por sacar a Pérez del juego político. Es innecesario abundar en que Rómulo Betancourt se había distanciado totalmente de Pérez por el asunto de la corrupción administrativa.

    El llamado «Viernes Negro» del 18 de febrero de 1983

    Por más que el gobierno de Herrera Campíns se propuso desacelerar la economía y bajar el ritmo de endeudamiento, la guerra en el Medio Oriente, entre Irán e Irak, disparó los precios del petróleo a niveles todavía mayores que los recibidos por el gobierno anterior. Si el precio promedio del barril venezolano en 1978 fue de 12,04 $, el de 1980 fue de 26,44 $ por barril. De tal modo que el ritmo de inversiones por parte del Estado, y la asunción de deuda, no se detuvo, hasta que México, en 1982, se declaró en mora para cumplir con sus pagos. Esto encendió la alerta roja en el mundo financiero, ya que temían que otros países comenzaran a manifestar lo mismo. La deuda en Latinoamérica más grande pesaba sobre México, luego Brasil, Argentina y Venezuela. Curiosamente, no son pocos los economistas que afirman que el origen de esta deuda está en los enormes recursos que los países árabes petroleros colocaron en la banca internacional, y esta tuvo que salir a buscar a quién prestárselos, y halló deudores en estos países citados. En el caso de Venezuela es irónico, porque el país fue beneficiario de los precios petroleros y, también, víctima del endeudamiento.

    A la crisis súbita de la deuda externa se sumó la caída leve de los precios del petróleo que comenzó a manifestarse en 1982. Esto, más el pronunciamiento de México, condujo a que los venezolanos que tenían cómo hacerlo, comenzaran a comprar divisas, alcanzándose un monto de compra, contra las reservas internacionales, que el Estado ya no pudo soportar, y se hizo necesario cerrar la venta de divisas el viernes 18 de febrero, y proceder a fijar un control de cambios diferencial y a devaluar la moneda. Entonces se creó Recadi (Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales), que estableció un cambio a 4,30 por dólar y otro a 7,50, que luego fue moviéndose en el tiempo. Además, se le encomendó a una comisión ad hoc el trabajo de establecer el monto de la deuda externa venezolana, tanto la pública como la privada.

    Era evidente que el modelo económico venezolano, fundado inicialmente en la Industrialización por Sustitución de Importaciones, luego con el añadido del Estado empresario, y siempre sobre las barreras arancelarias y los subsidios a los productos nacionales, había hecho crisis. La deuda y el comienzo de la caída de los precios del petróleo dejaban desnudo al modelo económico. Comenzaba otra era para Venezuela.

    En materia internacional el gobierno de Herrera diseñó una política para Centroamérica que buscaba el cese al fuego y la reinstauración de la democracia. No fueron pocos los esfuerzos en este sentido. Organizó con generosidad las exequias de Rómulo Betancourt, fallecido en Nueva York el 28 de septiembre de 1981. Se organizó con esmero el Bicentenario del Natalicio del Libertador, en 1983, y se inauguró el Teatro Teresa Carreño. La primera Línea del Metro de Caracas entró en funcionamiento en enero de 1983, después de que el gobierno decidió acelerar su construcción en 1979.

    Mientras transcurría el gobierno de Herrera, el expresidente Caldera fue haciéndose el candidato indiscutible de Copei, al igual que Jaime Lusinchi se erigió como el candidato de AD. En las elecciones de 1983 el esquema bipartidista se mantuvo intacto. Entre Lusinchi, que obtuvo la más alta votación alcanzada hasta entonces por candidato alguno desde 1947, el 56,74 por ciento, y Caldera, con 34,54 por ciento, sumaron el 91,28 por ciento de los sufragios. Petkoff, por el MAS, y Rangel, por otros partidos de izquierda, obtuvieron cifras de 4,17 por ciento y 3,34 por ciento, respectivamente.

    Fue muy difícil para Caldera recibir el respaldo de su partido y que los electores no le atribuyeran la crisis del «Viernes Negro», y el desgaste del gobierno, de tal modo que nunca remontó en las encuestas, que desde el comienzo estuvieron a favor de Lusinchi. Concluía el segundo gobierno de un democratacristiano, y regresaba al poder la socialdemocracia, pero con una situación económica cada vez más comprometida, ya que los precios del petróleo no recuperaban sus niveles de años anteriores, y el país se había descapitalizado sensiblemente, con la fuga masiva de divisas.

    PRESIDENCIA DEL DOCTOR JAIME LUSINCHI (1984-1989)

    El médico pediatra Jaime Lusinchi asume la Presidencia de la República el 2 de febrero de 1984. En su discurso de toma de posesión estableció tres líneas de trabajo para su gobierno: el pago de la deuda externa hasta el último centavo, la necesaria reforma del Estado, y un Pacto Social para la gobernabilidad. También, al designar su Gabinete Ejecutivo y a los gobernadores de los estados, que entonces los designaba el Presidente de la República, a los venezolanos nos quedó claro que se trataba de una administración de Acción Democrática. Muy pocos nombramientos de personalidades fuera del partido, y muchos gobernadores de estado nombrados que, a su vez, eran Secretarios Generales de AD en su región. Nada que extrañar: el respaldo que recibía la socialdemocracia era contundente. Quizás el elector pensó que lo apropiado era entregarle todo el poder a un equipo que diera respuestas para la Venezuela de «vacas flacas» que se anunciaba. Las perspectivas no eran fáciles: una deuda externa cuyo servicio se llevaba casi la mitad del presupuesto nacional, y los precios del petróleo bajando.

    La crisis de la deuda externa

    El cambio diferencial se diversificó aún más, y Recadi estableció un dólar a 4,30, otro a 6,00, otro a 7,50 y otro al dólar libre, mientras Lusinchi declaraba en septiembre de 1984 en la ONU que se llegaría a un acuerdo con la banca internacional. En efecto, el acuerdo de refinanciamiento de la deuda externa se alcanzó en febrero de 1986, pero ese año los precios del petróleo bajaron tanto (12,82 $) que la República no pudo honrar la deuda y se tuvo que negociar otro esquema, que se firmó en febrero de 1987. Sobre este acuerdo de refinancia-miento el presidente Lusinchi tuvo que declarar que la banca lo había engañado, ya que se trataba de un esquema notablemente peor que el alcanzado por México, es decir, con un menor período de gracia, y con intereses mayores.

    Todo esto ocurría sin que el gobierno se decidiera a desmontar el modelo económico, mientras mantenía los subsidios, favorecía arancelariamente la producción nacional, en busca de otro propósito de su gobierno: mantener la paz social. Esto se logró, pero a un costo muy alto, ya que al no hacerse las reformas económicas que se requerían, se estaban sacrificando las reservas internacionales, que lejos de crecer decaían, dado que los ingresos petroleros también lo hacían y, además, se estaban acumulando presiones en la sociedad, que eran producto de no enfrentar la raíz de los problemas sino de buscarle salidas que propendieran a la paz social, pero sin tocar el fondo del asunto. Es decir: sin enfrentar el nudo que representaba seguir con un modelo económico para el que no se contaba con suficientes recursos petroleros. En otras palabras, el costo del Estado empresario seguía igual, pero con menos de la mitad de los recursos para mantenerlo, y sin posibilidad de endeudarse, ya que las líneas de crédito internacionales para Venezuela estaban cerradas.

    La reforma del Estado

    Junto con este panorama complejo, era vox populi que el aparato del Estado no funcionaba, y que se hacía necesario una reforma de todos los poderes públicos. Por ello el 17 de diciembre de 1984 el gobierno creó la Copre (Comisión para la Reforma del Estado), presidida por Ramón J. Velásquez y con Carlos Blanco como Secretario Ejecutivo.

    La Copre comenzó su trabajo reuniendo a universitarios de todos los sectores y todas las corrientes políticas, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer el Estado por la vía de su reducción, así como de la necesidad urgente de modificar el Poder Judicial, y avanzar en la descentralización del poder central. A medida que se iban entregando los trabajos de la Comisión, pues iban encontrando mayor resistencia en el partido de gobierno, y en un amplio sector de Copei, ya que sentían que las reformas vulneraban las bases sobre las que se habían levantado sus proyectos políticos y sus organizaciones, aunque no lo manifestaban abiertamente. Tanto fue así, que ambos partidos hallaron la excusa para retrasar las reformas en la llegada del año electoral, mientras el propio gobierno le ponía muy poco cuidado a lo que hacía la Comisión. Todo este cuadro revela que en el momento de reformar el sistema político, para preservar su existencia, los factores fundamentales prefirieron postergar las decisiones, de modo tal que le tocara al próximo gobierno tomarlas. Así fue como con habilidad política, la Copre logró un acuerdo en 1988 entre los entonces candidatos principales de AD y Copei (Pérez y Eduardo Fernández) para la firma de un acuerdo para impulsar la aprobación de la Ley de Descentralización Política y Administrativa, que crearía la posibilidad de elegir a gobernadores y alcaldes de forma directa, universal y secreta. Así se implemento en 1989, cuando otro gobierno administraba el Estado.

    Por otra parte, la dinámica de la denuncia de los hechos de corrupción del gobierno anterior no se detuvo, y fueron juzgados el ministro de Transporte y Comunicaciones y el Gobernador del Distrito Federal del gobierno de Herrera, así como tres ministros de la Defensa del período anterior, a quienes se les imputó por sobreprecio en la compra de armas. Por otra parte, con motivo de la primera visita que un Papa hacía a Venezuela, el presidente recibió en Maiquetía al Sumo Pontífice con su esposa, Gladys Castillo de Lusinchi, mientras el poder de su Secretaria Privada en Miraflores iba en ascenso. Este tema, que parece subalterno, se convirtió en un problema de Estado ya que Blanca Ibáñez intervenía en los asuntos del gobierno con decidido don de mando, incrementado después del divorcio del Presidente de su esposa. Irritaban enormemente al sector militar estas intervenciones públicas de la Secretaria Privada. El tema pasó de manera abrumadora a la agenda pública, sobre todo porque buena parte de la prensa se quejaba de que no recibía los dólares preferenciales para la compra de papel, si las críticas contra el gobierno eran severas desde sus páginas. La represión contra periodistas fue extrema; a Alfredo Tarre Murzi lo golpearon en la cabeza sujetos desconocidos, a José Vicente Rangel se le presionaba para que bajara el tono de sus denuncias, a RCTV se le hostigaba con frecuencia. En contrapartida a lo señalado, el trabajo de imagen que el periodista Carlos Croes hacía desde el gobierno tuvo sus frutos, ya que la administración Lusinchi concluyó con los más altos índices de popularidad que gobierno y gobernante alguno, entre nosotros, hubiese alcanzado al final de su mandato.

    Las elecciones de 1988 arrojaron un resultado polarizado todavía mayor que el de los anteriores comicios. Carlos Andrés Pérez (AD), que se le sobre impuso a su partido como líder nacional, obtuvo el 52,88 por ciento de los votos, mientras Eduardo Fernández (Copei) alcanzó el 40,39 por ciento de los sufragios. Petkoff (MAS), como tercera opción obtuvo apenas el 2,71 por ciento. El esquema bipartidista estaba en su apogeo, presentándose dos fenómenos a señalar: el voto cruzado y la economía del voto. El partido de Petkoff (MAS) obtuvo el 10,14 por ciento de los votos para el parlamento, mientras su candidato la cifra señalada, lo que indica que muchos de los votos del MAS para el Congreso Nacional, migraron hacia una de las dos opciones de triunfo en las presidenciales, por razones de economía del voto o, dicho de otro modo, de búsqueda de hacer efectivo el voto, más que simbólico o doctrinario.

    Es necesario señalar que el elector no identificó plenamente al candidato Pérez con el gobierno de Lusinchi, ya que Pérez tenía vida política propia, dado que su liderazgo no dependía de su partido y, en verdad, si AD no lo hubiera apoyado sus posibilidades de triunfo eran muy altas. Ya vimos como en su primer gobierno Pérez privilegió a independientes en su Gabinete Ejecutivo, y ahora se esperaba lo mismo. Además, en el imaginario colectivo se asociaba a Pérez con la abundancia, «las vacas gordas», de su primera administración, y fueron innumerables los votos que obtuvo, fundado en este recuerdo de abundancia, que brillaba mucho en tiempos de escasez. En muchos sentidos, este fue el recuerdo que invocó Pérez durante su campaña, muy distinto al que tuvo que implementar al no más llegar al gobierno: una política severa de ajustes macroeconómicos, no anunciados antes, que veremos luego.

    SEGUNDA PRESIDENCIA DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ (1989-1993)

    La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez comenzó con un acto de toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño el 2 de febrero de 1989, y no en el Capitolio Federal, como había sido costumbre. Así ocurrió porque el número de invitados internacionales sobrepasaba la capacidad del viejo Capitolio. Esto, además, señalaba que las relaciones internacionales de Pérez, lejos de disminuir desde que concluyó su primer mandato, habían crecido notablemente. Sin embargo, mucho se dijo entonces que la fiesta de asunción del cargo por parte de Pérez contrastaba con la situación del país, que sobrevivía con dificultad con los precios del petróleo deprimidos.

    Cambio del modelo económico

    El 16 de febrero el gobierno en alocución pública estableció las coordenadas del nuevo modelo económico que imperaría en el país, sustituyendo el que contaba con años de vigencia, el de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Para quienes no habían leído el Plan de Gobierno presentado por Pérez en la campaña, es decir la inmensa mayoría de los venezolanos, el

llamado «Paquete Económico» fue una sorpresa. Sobre todo para aquellos que votaron por Pérez creyendo que «por arte de magia» volverían las «vacas gordas» de su primer mandato.

    El cambio en el modelo económico era sustancial. Si antes las tasas de interés las fijaba el Banco Central de Venezuela, ahora serían liberadas para que las determinara el mercado. Si antes el Estado era el gran empresario, constructor y comerciante diverso, ahora se privatizarían todas aquellas empresas de servicios públicos que pudieran estar en manos privadas prestando un servicio más eficiente. Si antes se subsidiaba la gasolina, ahora se incrementaría su precio, con miras a llegar a un precio internacional. Si antes el Estado subsidiaba a la industria privada, cubriendo los márgenes que por diversas razones esta no podía alcanzar, ahora se eliminarían los subsidios. Si antes se protegía a la industria nacional fijando aranceles muy altos a los productos importados, ahora se eliminarían los aranceles y se abrirían totalmente los mercados, con ello se obligaba a las empresas venezolanas a competir en igualdad de condiciones con las foráneas que quisieran establecerse aquí, o traer sus productos desde fuera.

    El conjunto de medidas económicas diseñaba el cuadro de una economía liberal ortodoxa, en perfecta conjunción con las medidas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitaba de los países que acudían ante sus taquillas para solicitar un préstamo, y esa era la situación de Venezuela, ya que durante el gobierno anterior se habían agotado las Reservas Internacionales, y para poder intentar un modelo de economía de mercado, era necesario disponer de un número más elevado de reservas, que permitieran el libre juego de la economía. No obstante y la lógica de estos planteamientos, lo cierto es que Pérez había afirmado durante su campaña que no acudiría ante el FMI, mientras el diseño del Paquete Económico indicaba todo lo contrario, cosa que decepcionó muy rápido a los electores que habían oído sus discursos de campaña, pero no habían leído el Programa de Gobierno.

    En el fondo, lo que buscaba el cambio de modelo económico era una revolución en el papel del Estado en la dinámica económica, pasando la iniciativa a la esfera privadla, dado que los precios del petróleo habían bajado notablemente, y era imposible que el Estado cumpliera con su rol paternalista, cuando no disponía de los recursos para ello. Una vez más, Venezuela se veía obligada a cambiar de rumbo en razón de la dinámica de los precios del petróleo. Además, la modificación se inscribía dentro de un cambio general en el planeta, ya que ese mismo año el socialismo real desaparecía, con la caída del Muro de Berlín, y la convicción de que el socialismo era incapaz de generar riqueza era generalizada, y prácticamente unánime. De tal modo que muchos países del mundo pasaron a desmontar sus sistemas estatistas. Venezuela no fue la excepción.

    El estallido social de 1989: «El Caracazo»

    La medida que tocó más sensiblemente el bolsillo de la gente de manera inmediata fue el aumento del precio de la gasolina, que incidió de inmediato en el costo del pasaje del transporte colectivo. En Guarenas-Guatire se produjeron las primeras protestas en la mañana del 27 de febrero, pero muy pronto se extendieron a toda Caracas y a otras ciudades del país. Ya en la tarde los saqueos de comercios habían comenzado, y la televisión retransmitía las escenas de vandalismo y violencia, en la noche la situación ya era de emergencia nacional, por lo que el gobierno le solicitó a las Fuerzas Armadas que restablecieran el orden. Luego se suspendieron las garantías constitucionales, se declaró el toque de queda, y el Ejército y la Guardia Nacional reprimieron duramente a los saqueadores, con un resultado lamentable de centenares de muertos, muchos de ellos inocentes que no participaban de los actos vandálicos.

    Nunca antes se había vivido en el país una situación como esta, que además comprometía los planes de un gobierno que estaba comenzando. Mucho se ha especulado acerca de si se trató de un estallido espontáneo o de algo inducido a partir de un plan. Algunos militantes de la izquierda radical de aquellos años se han atribuido el origen del estallido, pero los hechos indican que la espontaneidad también estuvo presente. Quizás, como suele suceder, fue una combinación de espontaneidad con mínima planificación. En cualquier caso, el resultado fue el mismo: una gran revuelta social, que colocó al gobierno en una posición muy difícil para implementar un nuevo modelo económico, que para hacerlo se necesitaban grandes sacrificios de la población.

    Pocas semanas después de estos hechos, comenzaron a surgir denuncias graves de corrupción en relación con la administración anterior y Recadi, así como con el manejo de la partida secreta para fines distintos a los establecidos. Fue el caso de la compra de una cuadrilla de vehículos rústicos para ser entregados a AD para fines electorales. El 20 de noviembre un tribunal dictó un auto de detención al expresidente Lusinchi por el caso sustanciado en Recadi. El caso, a todas luces, incrementaba las diferencias entre un sector de AD cercano a Lusinchi y otro próximo a Pérez. Además, profundizaba aún más en la conciencia colectiva la idea de que la corrupción era un cáncer incontrolable.

    La descentralización política y administrativa

    El 3 de diciembre de 1989 tuvieron lugar las elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales. Se daba entonces el paso democrático más importante desde los tiempos de la firma del Pacto de Puntofijo, ya que la elección directa de las autoridades locales era lo mínimo que podía aspirarse en un sistema democrático. A partir de esta fecha el cuadro político venezolano comenzó a cambiar. AD obtuvo el 39,37 por ciento de los votos en la elección de gobernadores, Copei el

32,85 por ciento, el MAS el 17,69 por ciento y la Causa R el 2,62 por ciento, con lo que quedaba claro que habían liderazgos regionales que el elector reconocía. En Aragua comenzó a gobernar Carlos Tablante (MAS); en Bolívar, Andrés Velásquez (La Causa R); en Carabobo, Henrique Salas Römer (Copei e independientes); en el Zulia, Oswaldo Álvarez Paz (Copei); en la Alcaldía de Caracas, Claudio Fermín (AD), casi todos ellos, en el futuro, candidatos presidenciales. Se trasladaba el liderazgo de las cúpulas de los partidos políticos al desempeño administrativo en las gobernaciones. Este cambio fue un golpe mortal para los organismos centrales de los partidos políticos, ya que la fuente del poder se trasladó de estas cúpulas a los electores, y los líderes comenzaron a rendirle cuentas a sus bases. Este paso, que no se ha valorado suficientemente, suponía un cambio de conducta y de estrategia de los partidos políticos establecidos, pero esto no se dio en la magnitud requerida, y seguramente fue una de las causas que trajo como consecuencia la decadencia del sistema bipartidista.

    Por otra parte, la inflación en 1989, año de severos ajustes económicos, alcanzó la cifra de 80,7 por ciento, mientras las Reservas Internacionales subían. En 1990 los resultados electorales trajeron una crisis en AD, ya que muchas gobernaciones y alcaldías pasaron a manos de Copei, el MAS, y la Causa R, cosa que arreció el pleito interno entre los seguidores de Pérez y su programa económico liberal, de acuerdo con las pautas dictadas para el logro de una economía ortodoxa, por parte del FMI y el Banco Mundial, y el sector adverso que se resistía a los cambios.

    Para el año 1990 comenzaron a verse los primeros resultados al crecer la economía en 5,3 por ciento, bajar la inflación a 40,7 por ciento y ascender las Reservas Internacionales a 11 700 000 millones de dólares. Además, el ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, anunció una reducción de la deuda externa del 20 por ciento, con una disminución del 50 por ciento en el pago de intereses. Al año siguiente la economía creció en 9,2 por ciento y se inició el proceso de privatizaciones de empresas del Estado que prestaban servicios públicos, fue el caso de Cantv y Viasa, que al ser compradas por consorcios extranjeros en asociación con empresas venezolanas, trajeron un ingreso extraordinario al fisco nacional.

    A la par de este proceso económico otro político venía avanzando. No solo las relaciones entre AD y el gobierno eran sumamente débiles, sino que los ajustes económicos fueron notablemente severos para los estamentos sociales más pobres, que se sintieron desasistidos, creándose allí un vacío político. Además, un conjunto de venezolanos, presididos por Arturo Uslar Pietri, a quien la prensa llamaba «Los Notables» pedía reformas en la conformación de la Corte Suprema de Justicia, se quejaban del cuadro de la corrupción administrativa, y enfrentaban a las políticas del gobierno. Este grupo, junto con el desprestigio creciente de los partidos políticos, fue horadando la base de sustentación del gobierno de Pérez y, sin proponérselo, fue animando a un conjunto de conjurados militares que venían conspirando desde hace años dentro de las Fuerzas Armadas, a intentar un golpe de Estado. En diciembre de 1991 Uslar Pietri declaró en entrevista en El Nacional que no le extrañaba que ello ocurriera.

    Las intentonas militares de 1992

    La noche del 3 de febrero en que el presidente Pérez regresaba de Davos, en Suiza, fue el día escogido por los conjurados para la insurrección militar. Comandada por tenientes coroneles, e integrada por mayores, capitanes, tenientes y tropa, se alzaron en los cuarteles de Maracay, Maracaibo y Valencia. Al teniente coronel Hugo Chávez, a quien le correspondía tomar el Palacio de Miraflores, después de haber tomado el cuartel de La Planicie, no le fue posible hacerlo. Fue entonces cuando por televisión, en la mañana del 4 de febrero, llamó a sus compañeros de armas a entregarse, señalando que «Por ahora» no se habían logrado los objetivos. Se entregaron Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz, todos ellos integrantes del comando de conjurados. El intento había fracasado, pero el país asistía atónito a un hecho que pensaba había quedado en el pasado: el golpe de Estado y, también, había observado con estupor y hasta con admiración a un hombre que se hacía responsable por su fracaso, cosa infrecuente en la vida pública venezolana de entonces.

    Una vez sofocada la rebelión se reúne el Congreso Nacional para debatir sobre los hechos, en la mañana del 4 de febrero, y pide la palabra el senador vitalicio Rafael Caldera. Entonces condenó el intento de llegar al poder por las armas, pero justificó comprensivamente los motivos que llevaron a los insurrectos a ello. A partir de entonces, la candidatura de Caldera para las elecciones de 1993 tomó cuerpo, y muchos dicen que esa mañana ganó las elecciones. En verdad, con olfato político, supo interpretar el sentir de la gente que rechazaba el golpe, pero que quería un cambio de rumbo, y él se ofreció para encarnarlo.

    En entrevista sostenida con el profesor Agustín Blanco Muñoz, publicada en 1998 ( Habla el comandante ), Hugo Chávez señala que comenzaron a conspirar en serio cuando juraron ante el Samán de Güere, el 17 de diciembre de 1982. De modo que les tomó diez años ir ascendiendo dentro de las Fuerzas Armadas, hasta tener mando de tropa y poder ejecutar una acción armada. La existencia de estos conjurados se la advirtió la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) al presidente Pérez, pero este la desestimó. Incluso en alguna oportunidad les quitaron mando de tropa ante los indicios, pero al tiempo el ministro de la Defensa de entonces, el general Fernando Ochoa Antich, no halló nuevos indicios conspirativos y les devolvió el mando

de tropa. No puede decirse, entonces, que la intentona los tomó completamente por sorpresa.

    Si el gobierno de Pérez tenía problemas, ahora tenía más, a tal punto que el presidente se propuso atemperar la política de ajustes, con base en lo escuchado en el Congreso Nacional, y el apoyo de la calle manifestado a los golpistas. Se creó un Consejo Consultivo, integrado por ilustres venezolanos, presidido por Ramón J. Velásquez, e integrado por Pedro Pablo Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro Palma, Pedro Rincón Gutiérrez y Julio Sosa Rodríguez. Este Consejo hizo sus recomendaciones muy pronto, y muchas de sus propuestas iban a contracorriente de lo que venía haciendo el gobierno. A la vez, Pérez cambió su gabinete, de manera de satisfacer los reclamos e integrar a diversos sectores en la conducción del Estado, buscando con ello un mayor piso político para su debilitado gobierno. Entonces militantes de Copei integraron el gobierno, por algunos meses.

    Por su parte, otro grupo de conjurados militares organizó su revuelta, que se expresó el 27 de noviembre de 1992, pero esta vez involucraba especialmente a la aviación, con lo que los caraqueños tuvimos el triste espectáculo de un bombardeo sobre lugares estratégicos de la capital y, de nuevo, el fracaso de los golpistas. Esta vez comandados por el general Francisco Visconti Osorio y el contralmirante Hernán Grüber Odremán. Cinco días después tuvieron lugar las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. AD bajó su votación porcentual (37,81 por ciento), Copei subió (34,33 por ciento), el MAS bajó (12,48 por ciento) y la Causa R duplicó su votación (4,73 por ciento), incluso ganó la Alcaldía de Caracas con Aristóbulo Istúriz, quien desplazó a Claudio Fermín. Entonces repetían los gobernadores Velásquez, Tablante, Salas Römer, Álvarez Paz, entre otros. Paradójicamente, en 1992 la economía venezolana creció cerca del 10 por ciento, pero los beneficios de ese crecimiento no se sentían plenamente en los estamentos más débiles de la sociedad.

    La separación del cargo

    El 11 de enero de 1993 el periodista y ex candidato presidencial José Vicente Rangel denuncia ante la Fiscalía General de la República el mal uso de la partida secreta, por un monto cercano a los 250 millones de bolívares, y solicita ante el Fiscal un antejuicio de mérito contra el presidente Pérez. El Fiscal General, Ramón Escovar Salom, el 11 de marzo interpone ante la Corte Suprema de Justicia, cuya composición había cambiado, gracias a las presiones del grupo de «Los Notables», la acusación contra Carlos Andrés Pérez, el ministro de Relaciones Interiores cuando sucedió el hecho, Alejandro Izaguirre, y el ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República del mismo momento: Reinaldo Figueredo Planchart. Se les acusa de peculado y malversación de fondos al hacer uso de la partida secreta.

    El 20 de mayo de 1993 se conoció la ponencia solicitada por la Corte Suprema de Justicia al presidente del máximo cuerpo colegiado del Poder Judicial, el magistrado Gonzalo Rodríguez Corro. Entonces se declaró con lugar la solicitud de ante juicio de mérito. Al día siguiente se reunió el Congreso Nacional y autorizó el juicio, separándose a Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República. A partir de entonces, en razón de que la soberanía reside en el Poder Legislativo, el presidente del Senado, Octavio Lepage, asumió la Presidencia de la República. Sin embargo, el Congreso Nacional nombró el 5 de junio de 1993 al senador Ramón J. Velásquez presidente de la República, para que culminara el período constitucional 1989-1994. Gobernaría entre esta fecha, 3 de junio y el 2 de febrero de 1994. Ocho meses exactos.

    Es evidente que la segunda Presidencia de la República de Pérez fue intensa en cambios políticos (la descentralización) y económicos (el paso de una economía con fuerte presencia del Estado a otra de libre mercado), además de lo imprevisto para la mayoría: la insurgencia de una conjura militar. A esto se suma que nunca antes un presidente en ejercicio había sido separado del cargo con fundamento en el Estado de Derecho, aunque no podemos dejar de señalar que respetadísimos juristas afirman que se cometió un abuso de derecho, tanto en la solicitud de ante juicio de mérito como en la sentencia. Como vemos, la estructura política del país cambió, la democracia de partidos políticos entró en crisis y, como veremos luego, el bipartidismo desapareció. A todo esto se suma la insurgencia de nuevos actores políticos: los jóvenes militares insurrectos, que con el tiempo llegarían al poder por la vía pacífica, después de haberlo buscado por las armas.

    PRESIDENCIA DEL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ (1993-1994)

    El primer problema que confrontó Velásquez al no más asumir el mando fue uno vinculado con el proceso electoral. Los partidos políticos iban a enfrascarse en una contienda, y no estaban dispuestos a formar parte de un gobierno de poca duración, que podía incidir en la percepción de los electores sobre sus organizaciones. De tal modo que Velásquez no tuvo apoyo de los partidos políticos para gobernar, aunque sí le otorgaron en el Congreso Nacional una Ley Habilitante que le permitía administrar en materia económica y financiera por decreto. De hecho, gracias a ella se aprobó el IVA (Impuesto al Valor Agregado), en noviembre de 1993, tributo que el mismo parlamento le había negado a Pérez, en medio de la confrontación política que tenía lugar entre este y AD.

    El Gabinete Ejecutivo de Velásquez estuvo integrado por una mayoría absoluta de independientes y el impulso a la descentralización, con la creación del Ministerio de Estado para la Descentralización, a cargo de Allan Brewer Carias. También tuvo que enfrentar acciones terroristas de grupos desestabilizadores, como los que colocaron bombas en el

estacionamiento de un conocido centro comercial caraqueño, así como el saboteo interno dentro del Palacio de Miraflores, donde le colocaron a Velásquez una carta para ser firmada, con la que se indultaba al narcotraficante Larry Tovar Acuña, hecho que causó conmoción en la opinión pública.

    El espíritu dialogante y conciliador de Velásquez lo llevó a intentar la conformación de un acuerdo nacional, motivo por el cual tuvieron lugar innumerables reuniones en el Palacio de Miraflores, pero no se alcanzó ningún acuerdo. La circunstancia electoral pesaba demasiado en el ánimo de las fuerzas políticas.

    Las elecciones de 1993 y el fin del bipartidismo

    Aunque la candidatura de Caldera lucía ganadora, las cifras de las encuestadoras reflejaban un cuadro extraño, que no se observaba desde las elecciones de 1968, cuando el electorado se dividió en cuatro partes similares. La situación era impensable años antes: Caldera había sido lanzado por el MAS y un partido creado para la ocasión: Convergencia, mientras el partido histórico que había fundado en 1946 lanzaba su propio candidato: Oswaldo Alvarez Paz. La crisis de los partidos políticos ya era profunda.

    Aunque Caldera ganó con el 30,46 por ciento de los votos, el partido que más sufragios recibió fue AD, con 24,07 por ciento, mientras Convergencia obtenía 13,43 por ciento, el MAS 10,87 por ciento, Copei 22,80 por ciento, la Causa R 20,78 por ciento. Después de Caldera llegaron Claudio Fermín (AD), Oswaldo Alvarez Paz (Copei) y Andrés Velásquez (LCR). Como vemos, los integrantes del bipartidismo, AD y Copei, obtenían juntos el 46,87 por ciento de los sufragios, mientras la izquierda del MAS y LCR sumaban juntas el 31,65 por ciento, dejando el centro a Convergencia. A todas luces, había ocurrido un desplazamiento de los favores electorales, dividiéndose el país en tres: la suma de los dos partidos tradicionales; una excepción temporal: Convergencia; y el crecimiento de la izquierda en dos factores: LCR y el MAS. El bipartidismo había llegado a su final. La composición del Congreso Nacional con que gobernaría Caldera obligaba a nuevas combinatorias.

    La crisis bancaria

    A partir de la liberación de las tasas de interés en 1989, cuando el esquema económico cambió radicalmente, los bancos fueron ofreciendo tasas que remuneraban el dinero por encima de la inflación, pero también las solicitudes de crédito bajaron, dado el ambiente económico general. Estos desequilibrios, sumados a otros, condujeron a que el Banco Latino, uno de los más grandes del sistema, saliera de la Cámara de Compensación y fuese necesario intervenirlo. Ello ocurrió el 21 de enero de 1994, a pocos días del cambio de gobierno, y creó un clima de desconfianza generalizado, que muy pronto se tradujo en una crisis de grandes magnitudes del sistema financiero en general. Era evidente, también, que los instrumentos legales con que contaba el Estado para supervisar la actividad financiera eran insuficientes, porque la crisis puso de manifiesto que algunas directivas de los bancos se prestaban dinero sin respaldo, o contraviniendo la sana práctica administrativa, perjudicando a quienes habían depositado en esas instituciones su confianza. Al gobierno de Caldera que estaba por comenzar, lo recibió en la puerta esta crisis. Velásquez, por su parte, había cumplido con el encargo de llevar al país hasta las elecciones y, además, implemento políticas económicas necesarias para el esquema vigente, que no se habían podido formalizar legalmente. El gobierno del tachirense fue muy corto como para proponerse reformas profundas.

CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS POLÍTICOS (1993 A NUESTROS DÍAS)

    Tanto la alta abstención como la reducción de la votación de los partidos AD y Copei señalan claramente que el período del Bipartidismo culminó con las elecciones de 1993. Entonces la antipolítica y el rechazo a los partidos del sistema tomaban la agenda pública. La democracia fundamentada en partidos políticos comenzaba a manifestar una crisis aguda, que venía incubándose desde años antes. Paradójicamente, a uno de los artífices de la democracia pactada en Puntofijo le tocaba hacer la transición hacia otro horizonte, encarnando la idea de la voluntad suprapartidos que solicitaba la población. Luego en las elecciones de 1998, los dos candidatos que polarizaron en la contienda venían de las canteras de la antipolítica, aunque de signo muy distinto: Henrique Salas Römer y Hugo Chávez Frías.

    SEGUNDA PRESIDENCIA DEL DOCTOR RAFAEL CALDERA (1994-1999)

    Rafael Caldera alcanzaba la Presidencia de la República por segunda vez en medio de un cuadro electoral cuatripartito, y con un elemento nuevo de significativa importancia: la abstención. Según la Comisión Nacional de Totalización del Consejo Nacional Electoral (CNE) la abstención a partir de 1958 se comportó de la siguiente manera:

    Año electoral

Porcentaje de abstención (según el CNE)

1958

6,58%

1963

7,79%

1968

3,27%

1973

3,48%

1978

12,45%

1983

12,25%

1988

18,08%

1993

39,84%

    Casi cuarenta por ciento de los electores no concurrió a votar en 1993. Esta cifra ya hizo de la abstención un actor político fundamental, sin duda indeseable para el sistema democrático, pero inevitable en los análisis. Como vemos, ya en 1988 el electorado dio su primera campanada, absteniéndose el 18,08 por ciento de los votantes, pero aún no llegaba a los niveles de 1993. Era evidente que el sistema político no gozaba del respaldo que tuvo hasta las elecciones de 1973, siempre y cuando consideremos a la abstención como un índice de falta de respaldo del sistema. En todo caso, a la dificultad política que implicaba gobernar sin mayoría en el Congreso Nacional, se sumaba la abstención, de modo que el respaldo popular con que contaba Caldera para comenzar a gobernar no era el mayor, evidentemente.

    Como vimos antes, la crisis bancaria estalló antes de asumir la Presidencia

de la República el yaracuyano, y tomó todo 1994 y parte de 1995 superarla. El Estado tuvo que respaldar a los ahorristas, que habían visto cómo los bancos salían de la cámara de compensación y su dinero se volatilizaba. Fueron intervenidos trece bancos, y la crisis se convirtió en la más severa que había tenido lugar en el sistema financiero venezolano. El gobierno optó por respaldar a los ahorristas, lo que supuso una erogación de grandes proporciones, que comprometió severamente el presupuesto nacional de 1994 y 1995. Los bancos que pasaron a manos del Estado, muy rápidamente fueron vendidos a empresarios financieros globales o nacionales, y todo ello se hizo dentro del marco de la Ley de Emergencia Financiera, que el Congreso Nacional le autorizó al Ejecutivo para enfrentar la crisis. Este año, además, a partir de la reforma tributaria, se creó el Seniat (Servicio Nacional Integrado de Atención Aduanera y Tributaria), designándose al frente del organismo a José Ignacio Moreno León. Se buscaba incrementar la recaudación tributaria, para lo que era necesario modificar la conducta del venezolano en relación con los impuestos. El gobierno comprendía perfectamente que era imposible mantener un presupuesto nacional sano con los ingresos por petróleo que se tenían entonces, por lo que era indispensable recaudar más impuestos. Al cabo de pocos años, lo cierto es que el ingreso por tributos se tornó mayor que el petrolero, que no pasó de 15 $ por barril en promedio, durante el quinquenio 1994-1999.

    Por otra parte, en AD expulsaron a Carlos Andrés Pérez en mayo de 1994, mientras el Tribunal Superior de Salvaguarda condenaba a Jaime Lusinchi en julio. Caldera, por su parte, implemento una política similar a la de pacificación que había adelantado en su primer gobierno y sobreseyó la causa que se seguía contra los militares insurrectos de febrero y noviembre de 1992. Así salieron de la cárcel de Yare los «comacates», con diferentes proyectos políticos personales. Arias Cárdenas se incorporó al gobierno de Caldera en un cargo de importancia media, mientras Chávez inició su recorrido por Venezuela llamando a no participar en los futuros procesos electorales. En las encuestas de entonces contaba con un respaldo ínfimo, que no pasaba del 2 por ciento de reconocimiento.

    En diciembre de 1995 tuvieron lugar elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. En ellas se manifestó un aumento considerable de las gobernaciones y alcaldías que pasaron a manos de AD, se consolidó el poder del MAS en cuatro estados, y el de Copei en igual número. Se manifestó la fuerza de Convergencia en el estado natal de Caldera, donde Eduardo Lapi ganó las elecciones, mientras Henrique Salas Feo, hijo de Salas Römer, ganaba en Carabobo con un proyecto político propio, y Francisco Arias Cárdenas obtenía la gobernación del Zulia con el apoyo de La Causa R. Muchos de los gobernadores electos en 1989, que repitieron en 1992, no podían presentarse de nuevo porque la ley se los impedía, pero en algunos casos partidarios suyos obtuvieron los votos necesarios.

    La Apertura Petrolera y la Agenda Venezuela

    La política de abrir la industria petrolera venezolana a empresas extranjeras que, en asociación con Pdvsa, pudieran invertir para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco, y otros campos, se basaba en la evidencia de contar Pdvsa con los recursos para hacerlo, ya que los precios del crudo no se lo permitían. No adelantar esta política condenaba al país a no poder explotar unos recursos que estaban en el subsuelo. Se buscaba con esto incrementar la explotación petrolera venezolana, y se preveía alcanzar la cifra de casi 6 millones de barriles diarios para 2005. Se licitaron los campos en un acuerdo de participación, en la mayoría de los casos, a medias entre Pdvsa y las concesionarias. En 1996 ingresó al Fisco Nacional una cantidad considerable por este concepto, y comenzó una nueva etapa en la industria petrolera nacional.

    Pocos meses después de decidido el proceso de apertura petrolera se puso en movimiento la llamada Agenda Venezuela, de ella el principal vocero y entusiasta fue el ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, quien presentó el nuevo esquema el 15 de abril de 1996. El período iniciado en 1994, signado por un control de cambios, en paralelo a la crisis del sistema financiero, cambiaba a la luz de un acuerdo con el FMI, acuerdo que brindaba confianza a los inversionistas, y permitía comenzar a superar la difícil situación económica en que se encontraba el país. Sobre la base de esta Agenda la economía nacional mejoró considerablemente durante 1996 y parte de 1997. En los meses finales de este año los precios del petróleo comenzaron a bajar estrepitosamente hasta tocar el piso de los 9 dólares por barril. Como puede imaginarse, las consecuencias para una economía petrolera como la nuestra fueron severas, y se reflejaron de inmediato en el cuadro electoral.

    Las elecciones de 1998: la apoteosis de la antipolítica

    En septiembre de 1997, justo antes de que comenzaran a bajar los precios del petróleo, la antipolítica tenía en la alcaldesa de Chacao, Irene Sáez, a una candidata que figuraba muy alto en las encuestas. Tan alto estaba el favor popular hacia ella, que parecía imposible que perdiera las elecciones de 1998, ya que el apoyo rondaba el 70 por ciento del electorado. A partir de la caída de los precios del petróleo se desplomó su candidatura, mientras subían las de dos adalides de la antipolítica: Hugo Chávez y Henrique Salas Römer.

    El discurso en contra de los partidos políticos, que fue campaña permanente de algunos medios de comunicación, había tenido resultados; con ello contribuyó decididamente la misma conducta de los partidos políticos: no era un invento que muchos de sus dirigentes se habían distanciado de sus electores, que no estaban en sintonía con el pueblo. A Salas Römer lo respaldaba su

gestión de gobernador en Carabobo, y a Chávez la oferta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y de encabezar una revolución. Lo acompañaban sectores de la izquierda y de la derecha militarista, algunos añorantes de la lejana dictadura de Pérez Jiménez, pero con el tiempo ha ido preponderando el sector socialista en su proyecto político. El descalabro de AD y Copei en las elecciones fue abrumador, quedando el Bipartidismo en el olvido, aunque la polarización electoral no, ya que la mayoría de los votos se dividieron entre Chávez (56,20 por ciento) y Salas Römer (39,97 por ciento). Comenzaba una nueva etapa para Venezuela. La crisis del sistema de partidos políticos era severa.

    PRESIDENCIA DEL TENIENTE CORONEL RETIRADO HUGO CHÁVEZ FRÍAS (1999-2001)

    Hugo Chávez Frías recibe la Banda Presidencial, el 2 de febrero de 1999, de manos del recién electo presidente del Congreso Nacional, el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, ya que el presidente Rafael Caldera no quiso colocársela él mismo, y esto fue interpretado como un símbolo. Chávez, por su parte, juró sobre la «Constitución moribunda» de 1961, haciendo alusión a que se iniciaba un proceso constituyente que conduciría hacia la redacción de una nueva constitución, de acuerdo con lo que fue su oferta electoral básica.

    Es necesario recordar que por decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de entonces, las elecciones de diputados y senadores al Congreso Nacional, así como gobernadores y alcaldes, tuvieron lugar en noviembre de 1998, un mes antes de las presidenciales, y en ellas fue ostensible el crecimiento electoral de las fuerzas que respaldaban la candidatura de Chávez, por ello el Congreso Nacional fue presidido por uno de sus seguidores. Entonces, también, la fuerza regional de AD y Copei bajó en relación con años anteriores, pero todavía era consistente. También, conviene señalar que la abstención en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 fue 36,54 por ciento, experimentándose una leve baja en relación con el 39,84 por ciento de las presidenciales de 1993. No obstante la baja, los niveles de abstención seguían siendo muy altos, lo que habla de una falta de entusiasmo por parte de un sector considerable de la población. Como veremos, estos niveles se mantuvieron en elecciones sucesivas.

    Las elecciones regionales de noviembre de 1998, ya reflejaron un cuadro distinto en relación con las de 1995. AD perdió varias gobernaciones, conservando 7, Copei mantuvo 4, el MAS 3, el MVR obtuvo 2, el PPT 2, Proyecto Venezuela, Convergencia y La Causa R 1 cada uno. Estos comicios ya anunciaban lo que vendría un mes después.

    Asamblea Constituyente (1999)

    El 25 de abril de 1999 tuvo lugar un Referéndum Consultivo Nacional que invitaba a responder a una pregunta con un sí o un no. La pregunta fue: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Participó el 37,65 por ciento de los electores, y se abstuvo el 62,35 por ciento. De los que participaron, el 87,75 por ciento dijo que sí. De inmediato se convocó a elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Los comicios tuvieron lugar el 25 de julio de 1999, con el sistema nominal, y fue por ello que la mayoría de los electos, salvo seis diputados, eran afectos al gobierno, ya que el sistema nominal abolía el sistema proporcional de las minorías, produciendo un extraño cuadro, en el que cerca del 40 por ciento de la población votó a favor de los candidatos de la oposición y, sin embargo, obtuvo el 5 por ciento de los escaños (6), mientras el 60 por ciento a favor del gobierno obtuvo cerca del 95 por ciento de los diputados (125). A todas luces, la representación no reflejó la voluntad nacional en su exacta dimensión. En todo caso, constituida la Asamblea Nacional Constituyente, y presidida por Luis Miquilena, la redacción de la nueva constitución comenzó de inmediato.

    La Asamblea Nacional Constituyente, haciendo uso de la soberanía que en ella había depositado el pueblo, intervino el Poder Judicial y, también, el parlamento que había sido electo en noviembre de 1998. La llamada «Reforma Judicial» comenzó a desarrollarse, causando convulsiones internas de gran peso, sin que todavía pueda sentirse que el Poder Judicial ha mejorado en relación con el que entonces imperaba. En otras palabras, la reforma de fondo sigue pendiente. El 30 de agosto de 1999 la Asamblea decreta una «emergencia legislativa» y suspende toda actividad del Congreso Nacional electo en 1998, pero será el 27 de diciembre del mismo año cuando la Asamblea Nacional Constituyente haga cesar el mandato del Congreso Nacional electo en 1998. Quedaba, pues, disuelto el Congreso Nacional. A partir de entonces, y hasta la elección de la Asamblea Nacional bajo la nueva constitución, funcionó el llamado popularmente «Congresillo», que estuvo seis meses en funciones, entre enero y agosto de 2000, funcionando como una suerte de comisión delegada, integrada por 21 miembros. Todos estos cambios tuvieron lugar en medio de las más enconadas protestas de la oposición, y dentro de un clima de grandes tensiones en el país.

    La Constitución Nacional de 1999

    La Constitución Nacional de 1999 introduce cambios importantes en relación con la de 1961. Desaparece la bicameralidad del parlamento, y pasa a llamarse Asamblea Nacional, con una sola cámara. Los militares adquieren la posibilidad de votar. El período presidencial se extiende a seis años con una reelección inmediata, mientras el período de los diputados se mantiene en cinco años, hasta con dos reelecciones inmediatas. A los gobernadores y alcaldes se les extiende el período a cuatro años con reelección. La democracia que persigue el texto constitucional deja de ser

Representativa y pasa a ser Participativa y Protagónica. Se debilita el control civil sobre el estamento militar al despojar al Poder Legislativo del análisis de los ascensos militares. Se establece la posibilidad de convocar a Referéndum Revocatorio a mitad de mandato de todos los cargos electos por voluntad popular y, además, la República pasa a llamarse República Bolivariana de Venezuela. A los clásicos tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la Constitución le sumó el Ciudadano y el Electoral. El primero está integrado por la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, la carta magna creó la figura del Vicepresidente Ejecutivo, designado por el Presidente de la República.

    El Referéndum en el que se consultó sobre la aprobación o no de la nueva Constitución Nacional tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, en medio de la tragedia de Vargas. La abstención fue del 55,63 por ciento según datos oficiales del CNE, de modo que el 44 por ciento de los electores aprobaron con 71,78 por ciento la Constitución mientras el 28,22 por ciento dijo No.

    Elecciones 2000

    Sobre la base del nuevo texto constitucional se convocaron a elecciones presidenciales, de gobernadores y alcaldes, y de diputados a la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2000. La oposición halló en el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, él contrincante de Chávez. Se dio la circunstancia que los dos candidatos que polarizaron los comicios eran hijos de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Cifras muy similares a las de 1998 arrojaron las elecciones: Chávez 59,76 por ciento, Arias Cárdenas 37,52 por ciento, Claudio Fermín 2,72 por ciento. La abstención ascendió a 43,69 por ciento. En el universo regional el cuadro cambió notablemente: el MVR obtuvo 11 gobernaciones, el MAS 4, el PPT 2, lo que sumaba un total de 17 gobernadores a favor del gobierno. AD alcanzó 2, Proyecto Venezuela 1, Copei 1, Convergencia 1, y Un Nuevo Tiempo 1. Permanecían los liderazgos locales, y desaparecían los menos fuertes. La Asamblea Nacional estaría a partir de ahora compuesta por el 44,38 por ciento de diputados de los partidos de gobierno, el 16,11 por ciento de AD, el 6,94 por ciento de PV, el 5,10 por ciento de Copei, el 5,03 por ciento del MAS, entre otros. A todas luces, venía construyéndose una nueva hegemonía política, integrada por las fuerzas afectas al proyecto político del presidente Chávez.

    En la Alcaldía Mayor era elegido Alfredo Peña con el apoyo del MVR. Este partido, por cierto, fue creado con motivo de la contienda electoral de 1998, después de que Chávez se convenció de que el camino para llegar al poder era electoral. El Movimiento V República (MVR) alude desde su denominación a la llegada de la V República. Las cuatro anteriores fueron, según esta tesis, las siguientes: La República de 1811, que se pierde en 1812; la República de 1813, que se pierde en 1814; la República de Colombia en 1819, que se pierde con la separación en 1830, y la cuarta, que funda el general Páez en 1830 y que, según la versión oficial, sería sustituida por la V República, nacida en 1999.

    Habiéndose juramentado Chávez de nuevo el 19 de agosto de 2000, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el 4 de abril de 2001 que el período de seis años comenzaba el 10 de enero de 2001. Así fue: el sexenio se inició ese día, y concluiría en enero de 2007, con elecciones presidenciales en diciembre de 2006.

    PRESIDENCIA DEL TENIENTE CORONEL RETIRADO HUGO CHÁVEZ FRÍAS (2001-2007)

    Comienza un nuevo período presidencial de seis años con los precios del petróleo en franca recuperación. Son varias las causas que los analistas han apuntado como explicación al aumento de los precios a partir de 1999, muy similares a las esgrimidas para los aumentos de 2004,2005 y 2006, cuando el precio del crudo llegó a sus más altos niveles en la historia. En todo caso, si el precio promedio del barril de petróleo venezolano fue de 20,25 $, lo que significaba un aumento en relación con años anteriores, en particular con los años 1997 y 1998 donde cayó por debajo de los 10 $ por barril, este incremento le permitió al gobierno engrosar las reservas internacionales, y contemplar planes de mayor intervención estatal en la economía, ya que se contaba con mayores recursos para ello.

    La Asamblea Nacional a solicitud del Ejecutivo aprobó una Ley Habilitante para poder legislar promulgando cerca de 49 leyes. Entre ellas la de Tierras y la de Hidrocarburos. La oposición, muy debilitada en sus estructuras partidistas, se compactó alrededor de la fuerza sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), presidida por Carlos Ortega, y Fedecámaras, presidida por Pedro Carmona Estanga, y los medios de comunicación social adversos al proyecto político del gobierno. El 10 de diciembre tuvo lugar un Paro General convocado por ambas organizaciones y el respaldo de la población fue significativo. Luego, el 23 de enero de 2002, con motivo de la celebración de los 44 años de la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez, la oposición organizó una marcha multitudinaria, en la que se recogía un consistente descontento de parte de un nutrido sector de la población en contra de la política del gobierno.

    El ambiente político nacional venía caldeándose por distintos frentes. La crisis avanza hacia un desenlace. Se formula un acuerdo nacional por parte de diversos sectores y el gobierno no forma parte de él. La gerencia meritocrática de Pdvsa se rebela ante la nueva Junta Directiva de la empresa, presidida por Gastón Parra Luzardo, aduciendo que se viola el principio de no politización de la compañía. El 4 de abril se inicia un paro de actividades. La CTV se suma al paro el 9, después de que el 7 el presidente Chávez despidiera por televisión, y usando un pito de árbitro, a la plana mayor gerencial de la empresa. Este hecho, nunca antes visto en nuestra historia, fue reconocido por el propio Chávez, en entrevista publicada con Marta Harnecker, como un exceso inexcusable y, sin duda, contribuyó con que se sumaran al paro sectores que habían permanecido al margen de la situación. El 8 y el 9 el gobierno insiste en que la situación del país es normal, pero la calle y los medios de comunicación dicen algo distinto.

11 de abril de 2002

    La marcha convocada por todos los sectores de oposición parte del parque del Este, en Caracas y se espera que concluya en Chuao, en una de las sedes de Pdvsa. La concentración alcanzó, según cifras autorizadas, cerca del millón de personas, que se dispusieron a llegar hasta el Palacio de Miraflores, con el objeto de presionar al gobierno. El presidente Chávez, desde la sede del poder Ejecutivo, ordenó la activación del Plan Ávila, protocolo militar defensivo, diseñado para enfrentar situaciones de alta peligrosidad. El general encargado de recibir la orden del Presidente desatendió la instrucción, con lo que la cadena de mandos se deshizo y el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, el Presidente de la República, quedó desautorizado. Mientras tanto, los enfrentamientos armados en las inmediaciones del Palacio Presidencial iban dejando su saldo de alrededor de 20 muertos y más de cien heridos.

    El no acatamiento de la orden presidencial de implementar el Plan Ávila desata una crisis militar a partir de la tarde del 11 de abril. En la madrugada del 12 el ministro de la Defensa y general de Tres Soles, Lucas Rincón Romero, le informa al país por cadena de televisión, que el Alto Mando Militar le ha solicitado la renuncia al Presidente de la República y este ha renunciado, y que ellos mismos ponen sus cargos a la orden. No obstante lo afirmado por el general Rincón, la renuncia escrita y firmada por parte del presidente Chávez no había tenido lugar. Al parecer, el Presidente estuvo decidido a hacerlo, pero exigió que se le permitiera salir del país con su familia y allegados, pero los generales reunidos en Fuerte Tiuna no accedieron a la petición, y prefirieron dejarlo detenido en el territorio nacional, a la orden de la custodia militar. Ai no recibir respuesta afirmativa a sus peticiones, Chávez no firmó la renuncia, con lo que creaba un problema constitucional del que no se advirtió su magnitud, ya que al no hacerlo, y no haber abandonado el país, no podía invocarse su abandono del cargo como expresión de renuncia.

    En este limbo constitucional, asumió la Presidencia de la República, sin que nadie lo hubiera elegido para ello, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga. Desde el Palacio de Miraflores disolvió a la Asamblea Nacional y al resto de los poderes públicos, rodeado por el Alto Mando Militar que había desatendido las órdenes de implementación del Plan Ávila. La situación era a todas luces inconstitucional. La carta magna dice que ante ausencia del Presidente de la República asume el Vicepresidente, que entonces era Diosdado Cabello, y este estaba obligado a convocar a elecciones en treinta días. Si el Vicepresidente no asume por cualquier motivo, la soberanía popular pasa a la Asamblea Nacional que, como ocurrió en el pasado, podría haber tomado la determinación de designar a un presidente interino y convocar a elecciones. Nada de esto ocurrió. Por el contrario, Carmona Estanga incurrió en una extralimitación inconstitucional, sobre la base de la información dada por el general Rincón, en la que informaba de la renuncia del Presidente de la República.

    El general Raúl Baduel, al mando de fuerzas leales al gobierno en Maracay, comenzó a presionar para que se respetara el hilo constitucional, y los generales que habían roto la línea de mando no hallaron mejor restitución del hilo constitucional que aceptar el regreso del presidente Chávez al poder. Entonces fue traído desde la base naval de la isla de La Orchila y le fue entregada la Presidencia de la República por parte del vicepresidente, Diosdado Cabello. Este hecho, por cierto, es muy discutido por constitucionalistas, ya que señalan que una vez asumida la Presidencia por el Vicepresidente, no es posible retornarla de la manera en que se hizo, sino mediante otros pasos constitucionales no previstos. El 14 de abril Chávez retorna al Poder Ejecutivo ante el desconcierto de la oposición y la alegría de sus seguidores.

    El 14 de agosto de 2002 el Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia en torno a los hechos, indicando que no había tenido lugar un golpe de Estado sino un vacío de poder. Sin embargo, en 2005 la sentencia se hizo revisar, una vez que la correlación de fuerzas en el Tribunal varió, y la sentencia fue anulada, apoyándose el criterio del Ejecutivo de que se trató de un golpe de Estado y no de un vacío de poder. Los muertos se los atribuyen unos a otros. El gobierno inculpa a la Policía Metropolitana, entonces al mando del alcalde Alfredo Peña, mientras la oposición inculpa a fuerzas militares y francotiradores apostados en azoteas de edificios aledaños al Palacio de Miraflores. En todo caso, la Comisión de la Verdad que se buscó crear no se conformó como tal, y será difícil que los hechos se esclarezcan en el futuro. Fue una jornada dolorosa para el país, una crisis a la que se llegó por evidentes deficiencias del liderazgo político de quien estaba en condiciones de evitarla.

    El regreso de Chávez al poder lejos de conjurar la crisis la potenció. A la Plaza Altamira comenzaron a llegar militares activos y retirados a pronunciarse en contra del gobierno, mientras este formaba parte de una comisión presidida por el Secretario General de la OEA, César Gaviria, y representantes del gobierno y de la oposición. Los pronunciamientos de la Plaza Altamira fueron acompañados durante estos meses de 2002 con marchas y manifestaciones que hacían evidente el multitudinario apoyo de la oposición. Los resultados de la Comisión negociadora de la OEA no satisficieron al gobierno ni a la oposición. Quizás esto ocurrió porque se esperaba más de lo que ella podía dar.

Paro petrolero 2002-2003

    El 2 de diciembre de 2002 comenzó un Paro Petrolero que buscaba la renuncia del Presidente Chávez, pero después de 62 días, esto no ocurrió. Al Paro Petrolero se sumó casi toda la industria nacional. La crisis era generalizada. La escasez de gasolina se tornó crónica, hasta que el gobierno pudo retomar la industria petrolera a finales de enero de 2003 y despidió a cerca de 20 mil trabajadores que se habían sumado al llamado de la huelga. Entre tanto, el país se dividía cada vez más, llegando a polarizarse de manera nunca antes vista. Los niveles de popularidad de Chávez habían bajado ostensiblemente. La oposición buscaba adelantar un Referéndum Revocatorio, pero este solo pudo convocarse de acuerdo con lo pautado por la Constitución Nacional para agosto de 2004. El gobierno buscaba ganar tiempo.

    Las misiones 2003

    Confesó el presidente Chávez por televisión que un encuestador de una firma norteamericana contratada por él, le señaló que si no hacía algo perdería el Revocatorio. Quizás por ello se diseñaron las Misiones y comenzaron a desarrollarse a mediados de 2003. Este sistema busca resolver cuellos de botella que la propia ineficacia burocrática del Estado va creando con el tiempo. La Misión Robinson, que enseña a leer y escribir a los analfabetos, es un reconocimiento de que el sistema educativo nacional ha fallado en este cometido. La Misión Ribas, que permite cursar la escuela primaria en tiempo reducido, reconoce que la deserción escolar sigue siendo altísima en el país. El programa Barrio Adentro, adelantado con médicos cubanos, es una aceptación tácita de que el sistema nacional de salud no funciona eficientemente. Otros programas, como la Misión Mercal, buscan abaratar los productos alimenticios de la dieta diaria a través de una cadena de comercialización pública, sin márgenes de ganancia. Otras misiones, como Vuelvan Caras o Sucre, nacen de esta necesidad de hacerle llegar al pueblo bienes que de otra manera es difícil que lleguen hasta los más necesitados. Por otra parte, la necesidad y aceptación de las Misiones ha sido un reconocimiento a la urgencia con que se requiere una reforma del Estado, que lejos de mejorar se hace cada vez más inoperante.

    Referéndum Revocatorio 2004

    Con mejores índices de popularidad, reflejados por las encuestas, el Referéndum Revocatorio tuvo lugar el 15 de agosto de 2004, y el resultado entregado por el CNE arrojó un 59,06 por ciento a favor de la permanencia de Chávez en el gobierno y un 40,64 por ciento en contra. Un sector mayoritario de la oposición denunció un fraude electoral, pero hasta ahora no ha podido demostrarlo. El Centro Carter avaló la limpieza del proceso comicial. La desmoralización de la oposición fue total.

    Elecciones regionales 2004

    Con la sensación de haber sido víctimas de un fraude electoral la mayoría de la oposición se abstuvo de participar en las elecciones regionales de octubre de 2004, entregándole a las fuerzas políticas del gobierno 22 de las 24 gobernaciones y la mayoría de las alcaldías. La abstención fue enorme. La oposición siguió denunciando infructuosamente un fraude electoral o la inexistencia de condiciones mínimas para asistir a los comicios. El proyecto hegemónico, nunca desmentido por Chávez, daba un paso hacia delante.

    Elecciones de la Asamblea Nacional 2005

    Para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005 la desconfianza de la oposición en el CNE no solo se mantuvo sino que se incrementó. Esto condujo a que los partidos de la oposición no presentaran candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, produciéndose así la más alta abstención registrada en la historia del país, alcanzando cifras cercanas al 80 por ciento. La conducta de la oposición buscaba la deslegitimación del Poder Legislativo, ya que en ningún país del mundo funciona un parlamento en el que solo están representadas las fuerzas que apoyan al gobierno, pero así es en Venezuela. A todas luces, los diputados de la Asamblea Nacional representan a un sector de la población, dándose así el caso de quedar amplios sectores nacionales al margen de las decisiones que toma el Poder Legislativo.

    Esta situación afecta notablemente el equilibrio democrático entre los poderes públicos, ya que el poder que por antonomasia recoge la variedad nacional solo expresa a un sector de ella. Este cuadro es consecuencia de la ruptura que pervive en el país, ya que la nación se haya dividida en dos sectores cuyos vasos comunicantes son poco eficientes. Así se expresa la crisis política que vive Venezuela desde que el sistema de partidos políticos y de convivencia democrática se rompió, y no se ha establecido un sistema alternativo, más allá de la coexistencia de dos países en un mismo territorio.

    Elecciones 2006

    En este cuadro de crispación nacional en el año electoral de 2006 se dirimió la escogencia del candidato de oposición entre Teodoro Petkoff, Julio Borges y Manuel Rosales, decidiéndose la candidatura a favor del gobernador del Zulia. El candidato-presidente Chávez ganó los comicios con cerca del 62,89 por ciento de los votos, mientras Rosales obtuvo 36,85 por ciento. Cifras muy parecidas a las arrojadas por las elecciones presidenciales de 1998 y de 2000, lo que indica la partición del electorado en dos toletes casi inamovibles. El período presidencial a ejercer el presidente Chávez se inicia en 2007 y concluye en 2013, de acuerdo con lo pautado por la Constitución Nacional de 1999.

CONCLUSIONES

    Aunque el período histórico que trabajamos no incluye los trescientos años de la provincia española que fue Venezuela, la huella de esta etapa en nuestra formación como nación es evidente. Son muchos los elementos culturales y sociológicos que se fueron constituyendo en estos tres siglos, y que forman parte de la venezolanidad. A los efectos de esta historia política señalaremos dos, que perfectamente pueden ser considerados contradictorios.

    La trama jurídica provincial, el llamado Derecho Indiano, instituyó un poder local bastante más considerado por la Corona de lo que suele reconocerse. Me refiero al cabildo, ámbito en el que los terratenientes del patio, y otros criollos con poder, ventilaban sus asuntos, y gobernaban sobre ellos mucho más de lo que cierta historiografía admite. Estos criollos reunidos en cabildo durante los años provinciales serán los que en el momento de la independencia den el paso hacia la república. En el conjunto, preponderaba el civil sobre el caballero de armas, y ello se verá reflejado en los sucesos del 19 de abril de 1810, que fueron el preámbulo del 5 de julio de 1811, fechas ambas de mayoritaria sustancia civil y jurídica, no en balde el doctor Juan Germán Roscio será el redactor fundamental de la primera Constitución Nacional.

    Si bien es cierto que ningún criollo fue designado máxima autoridad de la provincia, y siempre se envió un peninsular para ejercer el cargo, no es cierto que los criollos vegetaban a las órdenes del Gobernador o Capitán General, y tampoco lo es que este hacía lo que le venía en gana, escapando a un marco jurídico; los juicios de residencia con que se evaluaba la actuación de estos gobernantes son prueba de ello. La anotación anterior sobre el papel del cabildo tiene mucha importancia, ya que los cabildantes provinciales serán los mismos que defiendan la descentralización del poder frente a la corriente centralista e, incluso, serán los mismos que se avengan circunstancialmente con formas constitucionales que incluyen tanto el centralismo como la descentralización.

    El otro elemento que fue cocinándose a lo largo de los siglos provinciales será el del caudillo, el mito del hombre fuerte y providencial. En la conformación de este mito hispanoamericano, calificados autores han señalado que probablemente su origen se encuentre en los setecientos años de colonización musulmana en la Península Ibérica. Recordemos entonces que muchos de los primeros españoles que llegaron a estas tierras eran andaluces, y difícilmente la estructura mental del caudillo no anidaba en sus psiques. En cualquier caso, conviven dos elementos contradictorios en la maleta de la herencia provincial española: la institución dialogante del cabildo, y la imperativa del caudillo, del que se coloca al frente de una hueste y busca imponer su voluntad.

    A lo largo de la etapa de formación de la República de Venezuela, entre 1811 y 1830, previa al período que estudiamos, se hace evidente que la tensión entre estos dos elementos llegó a tener características de dicotomía, reflejándose el conflicto en los textos constitucionales y en el forcejeo entre el Libertador, desde Bogotá o el campo de batalla ecuatoriano-peruano-boliviano, y los venezolanos que hallaron en el general Páez un abanderado de la descentralización, pero con rasgos personales caudillistas. Bolívar buscaba centralizar, y hacía de la Constitución de Bolivia su proyecto político, con presidencia vitalicia incluida, y los venezolanos paecistas buscaban la separación de Colombia la grande, y abogaban por formas parlamentarias de ejercicio del poder, sin que por ello dejaran de seguir la fuerza de un caudillo militar.

    Esta tensión se resolvió a favor de Páez y el intento de creación de una república, con alternabilidad electoral, no reelección inmediata, libertades económicas, y separación de poderes. No obstante, diversos factores fueron atentando contra la institucionalización de un sistema republicano, y la alternabilidad en el poder se tradujo en que durante diecisiete años los generales Páez y Soublette se alternaron en el mando, con las breves excepciones civiles de Vargas y Narvarte. Finalmente, entre forzado por las circunstancias y convencido de la necesidad de hacerlo, el caudillo Páez le abre las puertas de la presidencia de la república a José Tadeo Monagas. A partir de entonces la Venezuela del siglo  XIX pasará de manos de un caudillo a otro, se sumergirá en prolongadas guerras hasta que otro hombre fuerte, el general Antonio Guzmán Blanco, domine el espacio durante dieciocho años. Pero será el general Juan Vicente Gómez el que acabe con el caudillismo, como muchas veces se ha señalado, pero no solo porque llevó al exilio, la cárcel o la muerte a quienes lo adversaban, sino porque creó un Ejército Nacional, institución que no pudo constituirse durante el siglo  XIX , y que al no hacerlo dejaba al país a merced de la voluntad de los hombres a caballo y de armas, que buscaban el poder denodadamente. Treinta y nueve alzamientos o revoluciones contabilizó entre 1830 y 1903 Antonio Arráiz en su libro Los años de la ira . Será Gómez el último caudillo y el primer dictador, ya que será el primero que disponga de un Ejército Nacional.

    En medio de tan persistente escaramuza guerrera es difícil que «la República» de Venezuela llegara a constituir instituciones republicanas, y ante la debilidad o ausencia de estas, se erigió la figura del caudillo, ya constituido en mito. Además, de la mano del mito del caudillo fue conformándose otra suerte de confusión paralela: la de creer que el hombre de armas estaba en condiciones de gobernar. Este cortocircuito se acentuó todavía más con la creación de un ejército profesional a partir de 1911, ya que el militar recogió en su seno el mito del caudillo, a la par que fue instituyendo unas prácticas que se tornaron en creencias populares. Me refiero a la disciplina, el orden, la obediencia debida, la verticalidad del mando, que fueron asentándose como valores fundamentales para el ejercicio del poder civil, cuando provenían de fuente militar.

    Para 1928, los militares sin estudios y de campaña espontánea tenían noventa y ocho años gobernando el país, con brevísimos paréntesis. Ese año se alzó la primera generación civil que buscaba la construcción de una Venezuela democrática y, en su mayoría, estos jóvenes eran, además, socialistas. De modo que el proyecto de la democracia nacional nace de la izquierda, y después se va macerando en toneles de la socialdemocracia o de la democracia cristiana, pero su origen es ese, mientras las formas teóricas del liberalismo económico fueron acogidas por Gómez y López Contreras con igual énfasis, hasta que Medina Angarita introdujo algunos matices, que incluso apoyaban los líderes de la Acción Democrática de entonces. Para mayor contradicción, la democracia venezolana va a llegar de mano de una combinación civil-militar que llevó al poder a los muchachos socialistas de 1928, que entonces blandían lanzas en contra del imperialismo y buscaban otras formas de desempeño económico en la sociedad.

    Vuelto el péndulo a tocar el extremo militar, los años entre 1948 y 1958 serán de retroceso para las formas políticas democráticas, y de menores cambios en lo económico. Será a partir del Pacto de Puntofijo que los partidos políticos que buscaban el juego democrático puedan contener la impronta militar, evitar la autodepredación a que dio lugar el sectarismo de 1945-1948, y se exprese a partir de las elecciones de 1973 un sistema bipartidista, que tendrá vigencia hasta las elecciones de 1993, cuando ya el ensayo de la democracia de partidos hacía aguas por todas partes. La segunda presidencia de Rafael Caldera, uno de los creadores de la democracia representativa y de partidos, será la de la antipolítica: último esfuerzo de un coautor del sistema de salvarlo por la vía de la separación de una de sus columnas fundamentales: el partido Copei.

    Luego, la crisis de la democracia representativa, como todas ellas asentada sobre la institución de los partidos, se hizo indetenible, y los venezolanos elegimos a quien ofrecía enterrar el sistema: el teniente coronel retirado Hugo Chávez. Con las banderas de Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez y la elección de una Asamblea Constituyente, alcanzó el poder en las elecciones de 1998, y alentó la redacción de una nueva Constitución Nacional que buscara pasar de la Democracia Representativa a la Directa, que en Venezuela es llamada «participativa o protagónica». Ahora busca pasar del liberalismo económico al socialismo, así como a la reelección indefinida, mediante una reforma constitucional. Todo esto ha podido hacerse gracias a los altísimos precios del petróleo, que ha permitido la instauración de una retórica izquierdista que no se oía en el planeta desde hace años, desde que se comprobó que el socialismo autoritario, que negaba la propiedad privada, después de setenta años en la URSS nunca alcanzó a ser productivo, y sumió a la enorme nación en la pobreza, al igual que a sus satélites de la Europa del Este.

    De la historia política venezolana puede decirse que está determinada por dos factores principales: el militar y el petrolero. El primero ha dificultado la instauración de una práctica democrática, aunque también puede decirse que ha sido expresión de un espíritu autoritario de tradición histórica. El segundo ha terminado por hacer del Estado venezolano un Leviatán que cada día deja menos espacio para la iniciativa particular, dificultándole gravemente a la nación la diversificación de su economía. Además, ha conducido a que al elegir presidente de la república en Venezuela estemos prácticamente seleccionando un monarca, con muy pocos contrapesos democráticos, ya que dispone de la llave de la principal industria del país.

    ¿Cómo salimos de este laberinto? No lo sé, pero estoy seguro que por el camino que nos lleva el gobierno de Hugo Chávez cada día somos más dependientes del petróleo, hay menos actividad económica productiva y menos espacio para la libertad, ya sea individual o colectiva. Nadie puede decir que ahora los venezolanos somos menos pobres, más libres, y que construimos una república con certezas. Es cierto que ahora hay más recursos que repartir, dado el precio del petróleo, pero las fuerzas económicas productivas, las que pueden construir una economía independiente no gozan de las condiciones mínimas de funcionamiento. Las importaciones crecen día a día. Todo se sustenta sobre el precio del petróleo. El día que baje, constataremos una vez más que fuimos gobernados por un «hombre fuerte» que no entendió que su tarea era preparar al país para las vacas flacas, mientras estaban gordas.

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Rafael Arráiz Lucca (Caracas, Venezuela, 1959 - Presente). Escritor, abogado, magíster en Historia de Venezuela. Es Profesor titular dela Universidad Metropolitana e Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. Su trabajo ha merecido el Premio de Poesía de Fundarte (1987), el Premio Municipal de Poesía de Caracas (1993), y los reconocimientos como mejor articulista de opinión del año: Premio Monseñor Pellín (1999) y Premio Henrique Otero Vizcarrondo del diario El Nacional (2001).
    En el campo de la gerencia cultural, se ha desempeñado como Subdirector de la Galería de Arte Nacional, Presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana y Director General del Consejo Nacional de la Cultura. Ha sido investigador en el Instituto de Estudios Avanzados; Visiting Fellow en la Universidad de Warwick (1996) y titular de la Cátedra Andrés Bello del Saint Antony’s College de la Universidad de Oxford (1999-2000), ambas en Gran Bretaña. Desde 1997 es columnista del diario El Nacional . Desde el año 2000, preside la Fundación para la Cultura Urbana. Actualmente, es Decano Director del Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri de la Universidad Metropolitana.